- La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados , Margaret Satterthwaite, realiza una profunda vista a Guatemala, el MP se defiende…
La visita de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, iniciada el 12 de mayo y que se prolongará hasta el 23 de mayo, se desarrolla en un contexto crítico para el sistema de justicia del país.
Como era de esperarse, la polémica ha principiado, sobre todo, por laposición que asumen aquellos sectores a los que ha dado en llamarse «antidemocráticos» por sus prácticas o posturas, con el Ministerio Público a la cabeza.
Según la información proporcionada, la relatora evaluará la independencia del poder judicial y la imparcialidad del Ministerio Público, así como el libre ejercicio de la abogacía, aspectos que son seriamente cuestionados a nivel nacional e internacional. También abordará las cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento del poder judicial y del Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de intentar revocar las elecciones de 2023.
En medio de numerosas denuncias, la diplomática analizará el derecho a un juicio justo, tomando en cuenta las denuncias que se han recibido sobre cuestionamientos que se formulan contra las autoridades judiciales.
Entre sus primeras visitas, la representante de la ONU estuvo en el Ministerio Público y el Congreso de la República, en donde escuchó la versión de los grupos opositores, que no ven con buenos ojos su presencia en Guatemala:
Esto es parte de lo que ha empezado a escuchar la relatora Satterthwaite:
- Falta de independencia judicial y cooptación institucional
El sistema judicial guatemalteco ha sido objeto de señalamientos por su falta de independencia e integridad. Human Rights Watch ha documentado problemas estructurales en el proceso de selección de jueces, incluyendo procedimientos de nominación poco transparentes y tráfico de influencias por parte de actores que buscan manipular el sistema en su beneficio.  
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado sobre el debilitamiento de la independencia judicial en América, incluyendo a Guatemala, donde se ha observado una reducción del espacio cívico y un aumento de la desconfianza en las instituciones democráticas. 
- Criminalización contra operadores de justicia, periodistas y líderes indígenas.
El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, ha sido señalado por utilizar el sistema penal para perseguir a jueces, fiscales y periodistas que han investigado y expuesto casos de corrupción. Organizaciones como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) reportan que al menos 91 personas han huido al exilio debido a procesos penales, amenazas o acoso desde 2022. 
De ellos, gran número son exjueces, exfiscales y abogados que han tenido que salir al ser criminalizados sus casos, por lo que sufren persecución penal y el peligro de ser encarcelados injustamente y ser retenidos en prisión, aún sin tener pruebas para sustentar las acusaciones.
El caso de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien fue encarcelada tras denunciar actos de corrupción y posteriormente se exilió por nuevas amenazas legales, ejemplifica esta situación, pero hay muchos nombres más, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval y el ex juez Miguel Ángel Gálvez, entre muchos más.
- Caso de José Rubén Zamora: símbolo de la represión a la libertad de prensa
El periodista José Rubén Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido en julio de 2022 por acusaciones de lavado de dinero, las cuales él y diversas organizaciones consideran falsas y que en realidad, se trata de un ataque a la libertad de expresión. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó su detención como arbitraria y contraria a seis artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, solicitando su liberación inmediata.
En octubre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo visitó a Zamora, quien entonces se encontraba bajo arresto domiciliario, y reconoció su caso como un ejemplo del castigo al que fue sometida la prensa en Guatemala.
LEE ADEMÁS:
- Resistencia a las reformas y desafíos al gobierno de Bernardo Arévalo
Desde su toma de posesión en enero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo ha enfrentado obstáculos significativos en su intento por reformar el sistema judicial y combatir la corrupción. A pesar de presentar numerosas denuncias de corrupción, muchas no han sido atendidas por el Ministerio Público. Además, ha enfrentado resistencia en el Congreso y en instituciones clave, lo que ha dificultado la implementación de cambios estructurales. 
- Llamados internacionales a la acción
Organizaciones internacionales han instado al gobierno guatemalteco a garantizar el debido proceso y la independencia judicial. Amnistía Internacional ha nombrado a José Rubén Zamora como preso de conciencia y exige su liberación, señalando que su detención prolongada y los procesos penales infundados en su contra violan sus derechos humanos y buscan coartar la libertad de expresión en el país. 
La visita de la Relatora Especial de la ONU se produce en un momento crítico para Guatemala, donde la independencia judicial y la protección de los derechos humanos están seriamente comprometidas. Su misión será esencial para documentar estas violaciones y presionar por reformas que garanticen un sistema de justicia imparcial y respetuoso de los derechos fundamentales.