El Tribunal de Mayor Riesgo B, ligó a proceso a 15 personas sindicadas por pertenecer a una estructura criminal dedicada al despojo de tierras por medio de amenaas, engaños y violencia, informó hoy el juez Miguel Gálvez
Entre los procesados se encuentra Walter Obdulio Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, a quienes se les sindicó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos; mientras que Erick René Morales Pineda, Francisco Javier Morales Osaeta, René Danilo Mejía Mejía, Nehemías Mateo López y José Gabriel López Ayala son acusados por usurpación agravada.
En tanto Mariana Isabel Mendoza, Elky Jiovana Portillo Narváez, Julia María Murillo Arteaga y Edlyn Elizabeth García Sandoval, Jeffrey Obdulio Mendoza Tally, William Alfredo Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz fueron ligados a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Antecedentes
De acuerdo con las investigaciones, en el departamento de Petén un grupo de campesinos había sido beneficiado por el Fondo de Tierras (Fontierra) sin embargo, entre los años 2008 y 2011, una estructura criminal logró, –con el apoyo de notarios y funcionarios de esa institución–, despojarlos por lo menos de 28 fincas, por las cuales obtuvieron beneficios económicos ilícitos.
Mediante una estrategia de amedrentamiento con el uso de hombres armados, el líder de la estructura, Walter Obdulio Mendoza Matta, habría forzado a los campesinos a abandonar sus tierras.Las pesquisas surgen de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) el 31 de julio de 2013, donde fueron portadas transacciones sospechosas de Ramírez Ortiz, quien había recibido en sus cuentas bancarias varios depósitos a través de 8 cheques de caja en dólares de Estados Unidos, provenientes de la compra venta y promesa de compraventa de varias fincas ubicadas en el departamento de Petén.
La IVE indicó en su reporte que el volumen de depósitos no coincidía con el perfil transaccional de las cuentas mencionadas y posteriormente se observó que una parte de los fondos fue trasladada hacia otros integrantes de la estructura criminal.
Walter Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, identificaban las fincas otorgadas a campesinos por medio de Fontierras. Según el MP no eran fincas al azar sino colindantes una de otra para lograr una extensa propiedad que les generara mayor ganancia.
Mediante el uso de violencia, amenazas, intimidación, con información falsa en documentos legales y con la complicidad de notarios, Mendoza Matta compró de forma directa 11 fincas -inclusive a personas que ya habían fallecido- y Ramírez Ortiz adquirió las otras 17. Las compraron a precio por debajo del valorado por FONTIERRAS en el proceso de regularización.