Marta Altolaguirre 
Larraondo
El mundo globalizado conlleva, por razones lógicas, un consenso hacia la relación entre naciones, a partir de una diplomacia que se ha fortalecido y ordenado desde el siglo pasado por la vía de los convenios y tratados internacionales, así como la dinámica de instancias como la ONU y la OEA.
De allí la importancia de mantener un orden y un respeto recíproco entre las naciones civilizadas, indistintamente de los niveles de desarrollo intelectual y material de los habitantes de cada una de ellas. Y es que en ese tema cabe asimilar la reconocida igualdad de derechos de todas las personas, aun cuando sus capacidades y/o atributos sean distintos, y aunque unas sean muy poderosas mientras otras no lo son.
El punto es que todos los Estados deben respetar esa igualdad soberana de las naciones para no violentar indirectamente los derechos humanos de los pobladores de aquellos territorios menos privilegiados y poderosos.
En esa línea de pensamiento, la opinión del notable escritor Mario Vargas Llosa, en Piedra de Toque*, destaca los extremos de complacencia a los que puede llegar un gobierno, al referirse a la visita que hiciera el presidente de Irán, Hassan Rohani, en su visita a Italia. Allá se llegó a tal extremo de complacencia que fueron cubiertas numerosas estatuas y obras de arte que podían desagradar al visitante, sobre lo cual el autor acertadamente indica: Las cortesías de la diplomacia deben respetarse pero, también, tener un límite y este solo puede ser el de no hacer concesiones que impliquen una auto-humillación o un agravio hacia la propia cultura.
Reproduzco estas citas porque veo que también en nuestro país, por razones semejantes en cuanto a vacíos financieros, hemos caído en situaciones de sumisión ante personajes extranjeros, representantes de poderosos Estados y organismos, cuya conducta ha llegado a rebasar la prudencia elemental de las relaciones diplomáticas.
Ellos han interpretado las debilidades internas de nuestro país como túnel de tránsito para intervenir en las propuestas e iniciativas que requiere Guatemala para restablecer la gobernabilidad institucional, aun cuando la delicada situación ya domina la atención de una ciudadanía activa que demanda cambios hacia la superación nacional.
Esa elasticidad peculiar de ciertos países en la participación de extranjeros en asuntos internos ha convertido a la diplomacia y los cimientos de las relaciones internacionales en un activismo de algunos de sus representantes, que no se ajusta al marco de las relaciones que por consenso internacional regula la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que aplica a los representantes acreditados en Guatemala.
Cabe recordar que la referida Convención establece, entre otras, que las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en representar al Estado acreditante, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor…
En relación con los representantes, indica que quienes gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y que están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Asimismo, que todos los asuntos oficiales de los que esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.
Por su parte, el Convenio de La Habana de 1928 establece como regla de la actividad diplomática no intervenir en los asuntos internos del Estado receptor. Y que los funcionarios diplomáticos no podrán inmiscuirse en la política interior o exterior del Estado en que ejerzan sus funciones. Esta disposición se deriva del principio de soberanía del Estado sobre su territorio, también reconocido en la Carta de la ONU. Recordemos que en Guatemala la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Finalmente, la Ley del Organismo Ejecutivo establece que le corresponde al Minex dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas, así como las de carácter político, social, cultural y otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y con el proceso de globalización política…
*elPeriódico, 7/2/16