- La Sociedad Interamericana de Prensa presenta un documento como «amicus curiae» (amigo del tribunal), con argumentos que muestran el derecho de los periodistas a expresarse libremente.
Mientras el Ministerio Público (MP) insiste en acusar penalmente a ocho periodistas del desaparecido diario elPeriódico, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha intervenido en el caso, al entregar a la Sala de apelaciones un documento amicus curiae, en el que destaca argumentos jurídicos por los que se debe respetar el fallo a favor de la libertad de expresión de la jueza Aurora Beatriz Gutiérrez.
En un documento firmado por el director ejecutivo de la SIP, Caralos Lauría (foto superior=, se presentan argumentos jurídicos para demostrar que la acción de los periodistas perseguidos por el MP está bajo el amparo y derechos que establecen la Constitución de la República, la Ley de Emisión del Pensamiento, así como la legislación internacional, particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto de San José de la OEA, ambos suscritos por Guatemala.
En el documento presentado se hace ver que las acusaciones que hicieron que el juez Jimi Bremer dictara lo conducente para investigar y poder acusar a ocho periodistas por una inexistente «conspiración para obstruir la justicia», no tienen ningún fundamento legal y, en cambio, atentan contra el artículo 35 de la Constitución y la citada ley de la materia.
El MP acusa a dos columnistas y 6 periodistas de elPeriódico por haber formulado criticas en contra de jueces y fiscales en el caso del periodista José Rubén Zamora. Por once meses se ha mantenido la amenza contra ellos, por lo que siete permanecen en el exilio ante el temor de órdenes de captura espurias giradas por algunos de los jueces que actúan en contubernio con el MP.
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La SIP es una institución que representa a más de 1,300 publicaciones informativas de todo el hemisferio. La semana anterior estuvo en el país una misión de esta organización, juntamente con el representante del Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), para verificar la situación de libertad de prensa en el país y la situación de los casos abiertos por el MP contra periodistas.
El MP apeló el sustentado fallo de la jueza Gutiérrez, con el fin de lograr la criminalización del caso contra los periodistas Edgar Gutiérrez, Gonzalo Marroquín Godoy –director de Crónica–, Julia Corado, exdirectora del diario, así como los periodistas Gerson Ortíz, Cristian Véliz, Alexander Valdés, Rony Ríos y Denis Aguilar.
Entre los aspectos jurídicos que la SIP somete a la consideración de la Sala, es el de interpretar en toda su dimensión el artículo 35 de la Constitución, el cual se cita textualmente en el documento entregado este viernes en la Sala Tercera de Apelaciones. Este artículo destaca que «no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados…».
la Sala Tercera la integran los siguientes magistrados: presidente Jaime Gonzalez Dávila, y los vocales, Mirna Caballeros de Cabrera y José Alexander Ortíz Ruíz.
También se destaca entre los argumentos de la SIP, que la ley contra la delincuencia organizada, que el MP pretende imputar a los periodistas, tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales, por lo que en el caso de los periodistas resulta un argumento sin solidez y falaz.
Carlos Lauría expuso durante su visita a Guatemala que «debe cesar la criminalización de periodistas» y todas las acciones de la justicia deben apegarse a lo establecido por el ordenamiento jurídico nacional y en respeto de las declaraciones de derechos humanos que guatemala ha firmado en el pasado, como la de la ONU y la OEA.