Jonathan Menkos
Director ejecutivo del Icefi
Si no se hace nada por mejorar la política fiscal, la ingobernabilidad va a seguir creciendo, y va a ser tal que podría desestabilizar al Gobierno. El presupuesto que se aprobó es para la sobrevivencia y, por lo tanto, el Ejecutivo no tendrá más remedio que impulsar otra reforma tributaria, afirma el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Estuardo Gasparico M.
egasparico@cronica.com.gt
¿Cómo evalúa la situación financiera del Gobierno en este momento?
En primer lugar, vemos que la carga tributaria se ha venido abajo en los últimos años y creer que el crecimiento económico en sí mismo va a mejorar la recaudación es un espejismo, porque nuestros impuestos no son boyantes ni se comportan de acuerdo con el crecimiento económico. Ahí hay que hacer ajustes.
Los sectores económicos que suelen tener mucho dinamismo también acostumbran estar afuera del sistema tributario, como las maquilas y muchos exportadores, que utilizan los regímenes de maquila y zonas francas.
Una baja recaudación que no solo tiene que ver con un mal diseño tributario, sino con la institución que administra la recaudación: una SAT que no da la talla frente a los retos y que todavía tiene un margen de mejora muy amplio. Desafortunadamente iniciamos el gobierno sin una postura concreta sobre qué se hará para mejorar la administración tributaria.
En el caso del gasto, este 2016 el Gobierno va a operar con un presupuesto limitado que no incluye los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones más mínimas en salud y educación, principalmente.
Entonces, el Gobierno debe resolver muchos y complejos problemas, comenzando con la carencia de recursos para hacer frente a gastos obligatorios. Estos deben pagarse en las primeras semanas de gestión y sabemos que son rubros normales de funcionamiento, pago de proveedores, salarios y deuda de arrastre que implica un drenaje de recursos en las primeras semanas de 2016.
Por lo tanto, habrá que negociar en el Congreso modificaciones al presupuesto aprobado, por la forma en la que se redujo el monto. De no lograr la aprobación de esas reformas, habrá problemas porque muchas asignaciones de gasto no cuentan con las fuentes de financiamiento.
Y como el eslogan de campaña fue la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción, ahí hay todo un reto. Este es un gobierno que tiene un contexto político complejo, pero a la vez tiene la oportunidad de convencer a esta ciudadanía tan vibrante de que vamos por el buen camino y que no es más de lo mismo.
¿Con qué fondo de caja estará empezando este gobierno?
Nosotros creemos que el problema de la carencia de recursos es estructural del Estado. Hay muchas rigideces de gasto y se han tenido muy pocas posibilidades de ampliar los ingresos. En esta coyuntura en particular y en un año de baja recaudación, está la connotación de encontrar una caja, si no vacía, con muy pocos recursos para hacer frente a los gastos iniciales del año, entre los que se encuentran aguinaldos, salarios, los pagos periódicos para proveedores y otros. Seguramente, una primera medida será emitir letras de Tesorería, que tarde o temprano habrá que pagar a lo largo de este año.
La otra medida sería comenzar desde el inicio haciendo restricciones en el gasto, que finalmente pueden afectar muchísimo la ya magra y debilitada producción de servicios públicos. Las presiones de gasto deberían implicar no gastar y continuar con la ingobernabilidad, o gastar pensando en que habrá una mejora en la administración tributaria.
Si hablamos de grandes soluciones para grandes problemas, ¿no habría que reducir la nómina estatal?
El debate no es el tamaño del Estado, sino su efectividad. Nadie debería, en este momento, pedir un Estado pequeño o uno grande, sino uno efectivo frente a sus desafíos. Y para eso tenemos que evaluar qué tipo de Estado queremos.
El ministro saliente de Educación decía que el año escolar parte con un déficit de 37 mil maestros. En el caso de salud hay una capacidad instalada para la población de Guatemala de 1955. Si queremos un Estado que brinde bienestar, debe redefinirse la forma en la que se ejecutan los recursos, pero también estar conscientes de que hay que hacer reajustes por el lado del empleo.
Lo que se necesita es mejorar el servicio civil y hacer más trasparente la contratación, pues se requieren más maestros, más salubristas, y por supuesto, más policías, jueces y fiscales.
Todos los gobernantes nuevos dicen encontrar una caja vacía y lo primero que hacen es impulsar una reforma fiscal. ¿Qué opina de eso?
Una reforma fiscal es inevitable porque las cuentas no dan para que el Gobierno pueda invertir en salud, educación o para lidiar contra el hambre. Estamos en una coyuntura en donde sería muy bueno que el Gobierno se sincerara y ayude a la población a comprender que una reforma fiscal es necesaria para llevar más recursos a un Estado que es el más pequeño de América Latina; pero también se requeriría un acuerdo en materia de trasparencia, rendición de cuentas, planificación de gasto público y el financiamiento del Estado.
Cualquier asesor del presidente que descarte una reforma fiscal es un enemigo, porque se le reduce las posibilidades de hacer un gobierno con la capacidad de cumplir sus compromisos y de cambiar la situación de empobrecimiento y desigualdad que hay en el país.
Cuando se habla de reforma fiscal, lo primero que la gente piensa es en un aumento de impuestos…
Hay dos posturas en la necesidad de incrementar los impuestos. Una viene de la élite económica más rancia de este país, y es no paguemos más tributos porque es bueno tener un Estado a quien podemos tratar como un perrito que hace lo que nosotros queramos. Debería empezar a crecer y a madurar en la sociedad la idea de que un Estado debe estar bien financiado para ser efectivo.
Es decir que los impuestos deben ser pagados por quienes tradicionalmente no pagan. Es decir que no podríamos pensar en una reforma fiscal que no sea equitativa; el que tiene más, debe pagar más.
Y estamos hablando de impuesto sobre la renta, a la propiedad, a los capitales, incluso acabar con el nefasto secreto bancario, que es aprovechado por los grandes evasores para sacar sus recursos del país sin pasar por el pago de tributos.
La política fiscal no debería ser determinada por un presidente ni por una élite económica, sino por las grandes mayorías.
Y lo otro es que cualquier discusión sobre un incremento de recursos debe estar acompañada de un nuevo contrato social para hablar de rendición de cuentas instantáneas. De lo contrario, sería un error político lanzar la idea de que hay que pagar más impuestos.
Eso es lo que planteaba el Pacto Fiscal discutido hace 15 años.
En esencia, el Pacto Fiscal sigue estando vigente, pero hay que actualizarlo y modernizarlo para que se adapte al contexto actual, pues efectivamente lo que necesitamos es una mirada integral sobre la política fiscal y los efectos que esta puede tener sobre el bienestar, la construcción de la democracia y la actividad productiva.
Esa discusión requiere de actores maduros que no solo lleguen a defender sus intereses gremiales, sino que tengan la capacidad de comprender un poco el bien común y saber que este va a tener buenos resultados para ellos, aunque también requiere sacrificios.
Entonces, hay que ampliar la base tributaria…
Cuando hablamos de una reforma tributaria progresiva, hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera, llegar a sectores económicos a los que no habíamos llegado antes, y tener una administración tributaria que no salga de cacería al zoológico y vaya tras los que hoy no están inscritos ni son contribuyentes. Y para eso es que se requiere eliminar el secreto bancario, regulándolo para fines tributarios.
Ahora bien, ampliar la base tributaria con los salarios tan bajos que hay en el país no es una solución, porque se debe obligar a pagar a la población que no esté pagando los impuestos y que puede pagar por encima de un ingreso mínimo, que es la canasta básica vital. Lamentablemente, en Guatemala, el 85 por ciento de los empleados ganan por debajo del costo de la canasta alimentaria.
Entonces, la ampliación o el incremento de contribuyentes debe hacerse hacia arriba, afectando a los que tienen más y no a los asalariados.
Según Menkos, el recién estrenado gobierno debe pensar en una reforma que incluya la rendición de cuentas.