LA PISTOLA HUMEANTE: Triste historia de un MP coludido

  • El término pistola humeante se utiliza cuando hechos irrefutables muestran la realidad de lo sucedido.  Puede ser en un solo caso, o ser algo repetitivo lo que lleve a la conclusión de que hay una pistola sacando humo. En el caso del Ministerio Público (MP), es claro que se ha utilizado para terminar con la lucha contra la corrupción, perseguir a quienes la libraron en su momento y sacar del camino a opositores o personajes incómodos.

Análisis de Crónica

Después de meses de polémicas discusiones en torno a la postulación de Consuelo Porras para la reelección como fiscal general, el presidente Alejandro Giammattei hizo a un lado las anomalías en el proceso y desatendió importantes voces externas que advertían sobre el peligro para la independencia del Ministerio Público (MP) y la aplicación de la justicia.

En un comunicado conjunto de al menos siete organizaciones internacionales, se hizo ver que el proceso de postulación estuvo marcado por irregularidades e influenciado por redes ilícitas, compuestas por élites militares, políticas, económicas y del crimen organizado que forzaron su inclusión en la lista definitiva propuesta al mandatario.

El Departamento de Estado dijo en aquella oportunidad que, durante sus primeros cuatro años de gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.

Consuelo Porras es la fiscal general y jefe del Ministerio Público. Es la encargada de la persecución penal en el país. El Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel poco después de ser reelegida para el cargo por el presidente Giammattei.

Ya entonces la administración del presidente Joe Biden la tenía catalogada como corrupta y antidemocrática.  Todo eso no fue suficiente para disuadir a Giammatteipara que no la reeligiera y así principió a escribirse uno de los períodos más oscuros de la justicia en Guatemala

Pistas de pistola humeante

Si durante su primer período había dudas sobre las intenciones detrás de Porras y el MP, pronto se comprobó que el presidente sabía perfectamente a quién escogía y por qué razón lo hacía.  Un incómodo caso surge cuando una misteriosa delegación de ejecutivos rusos visita Guatemala y se reúne en las sombras de la noche con Giammattei. 

Un guardia de seguridad contratado por los rusos documenta toda la visita.  Eran representantes de una mina rusa en El Estor y aparentemente le entregan al mandatario una alfombra que contendría dinero en efectivo.  Las pruebas llegan al fiscal Juan Francisco Sandoval (FECI) y también al diario elPeriódico, que publica la noticia con lujo de detalles. 

En esos meses, Sandoval conoce de otra denuncia contra el mandatario guatemalteco, según la cuál, recibió varios millones de financiamiento para su campaña electoral de parte de empresarios de la construcción, a cambio de obras que luego recibirían.  También había un testigo en el caso.

Ninguno de los casos prosperó, pues en julio de 2021, Porras destituye a Sandoval, quien casi de inmediato debe abandonar el país, pues se inicia una persecución en su contra.  Los casos contra el presidente ni siquiera tuvieron el más mínimo seguimiento.  Se justificaba la relección en aquel momento.

Las protestas populares se han centrado, principalmente, en repudiar a Curruchiche, Porras y el juez Orellana.

Antes de eso, el MP se negó a investigar la razón por la que el gobierno compró ocho millones de vacunas rusas, las cuáles se entregaron tardíamente y cerca de la mitad ni siquiera fueron utilizadas por la fecha de vencimiento.

La cacería de brujas

La fiscal general y el MP perdieron entonces las formas y casi descaradamente se inicia una persecución de exfiscales y jueces que se identificaron en la lucha contra la corrupción.  La lista es muy larga, pero destacan la exfiscal general Thelma Aldana, los exfiscales Sandoval, Virginia Laparra, Oscar Shaad, Hilda Pineda, y varios más, algunos de ellos ex mandatarios de la CICIG, como la abogada recién capturada, Claudia González.   

En la lista de jueces perseguidos –todos bajo el mismo esquema, en el que se utiliza como punta de lanza a la Fundación Contra el Terrorismo (fundaterror)– destacan Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Claudette Domínguez.

La pista de la pistola humeante es clara: Se utiliza el mismo método de acoso, intimidación y argumentaciones, mientras que para lograr las órdenes de captura y otras medidas contra los señalados se utiliza a jueces coludidos, como ejemplo sirven Fredy Orellana y Jimmi Brener.

Cuando Fundaterror amenza, el MP actúa y los jueces responden. 

La mayoría de estos jueces y fiscales conocieron las intenciones de encarcelarlos y buscaron el exilio para preservar su libertad, sabiendo de las malas prácticas y la falta de independencia del sistema de justicia.  Se calcula que hay más de 35 de ellos exiliados y algunos asilados en Estados Unidos.

Caso especial dentro de esta cacería de brujas es el del periodista José Rubén Zamora, fundador del diario elPeriódico, reconocido nacional e internacionalmente por las denuncias sobre casos de corrupción en diferentes gobiernos.  Para evitar que pudiera salir del país como exfiscales y exjueces, el MP montó de manera exprés un caso en su contra y logró su captura de junio de 2022.

Se tenía que castigar a un aliado muy fuerte de la lucha anticorrupción.

El juez Orellana, cercano colaborador de fundaterror, se encargó de hacer que Zamora llegara prácticamente indefenso a su juicio por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.  La tarea de llamado en redes sociales juez de la corrupción, fue descalificar todas las pruebas del periodista, además de iniciar una persecución contra sus abogados, hasta dejarlo sin defensa propia y representado solamente por abogados de la Defensa Pública Penal.

El juez Brener, también coludido, amplió la persecución contra ocho periodistas de elPeriódico, a quienes ordenó inconstitucionalmente que se les abriera un proceso penal por obstrucción a la justicia, por haber publicado noticias o expresado opinión sobre sobre la falta de independencia de la justicia y el MP.

Ya para entonces, el Departamento de Estado había incluido en la Lista Engel al fiscal Rafael Curruchiche, los aliados del MP Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla (fundaterror), y recientemente sumó a la fiscal Cinthia Monterroso y los jueces Orellana y Brener, todos al servicio de las fuerzas oficiales y sus aliados.

Misma fiscalía (FECI), mismos jueces, similares mecanismos de acoso y judicialización y enfocados en el mismo objetivo.  Terminar con todo rastro de la lucha contra la corrupción que mantuvo la CICIG entre 2015 y 2019.

Mientras estos casos cobran relevancia, paulatinamente el MP baja la intensidad de las acusaciones en los casos que se abrieron contra funcionarios corruptos que,  poco a poco, van recobrando su libertad u obtienen penas menores de las que corresponden. 

Desde la salida de Sandoval del MP, el ente fiscalizador no ha descubierto ni un solo caso de corrupción significativa, a pesar de que Guatemala aparece entre los tres países más corruptos de la región latinoamericana según los índices conocidos en la materia.

Curiosamente en cada una de las persecuciones a jueces, fiscales o periodistas, las noticias sobre órdenes de captura, allanamientos, investigaciones y demás, se dan a conocer primero por el Netcenter de fundaterror, y luego se confirman por la fuente oficial.

Otra característica común es el uso de caso bajo reserva, que se utiliza para impedir que los casos se debatan abiertamente.

Semilla en la mira

El 25 de junio sucede un acontecimiento inesperado.  Luego de haber quitado del camino a dos candidatos presidenciales opositores alsistema Thelma Cabrera y Roberto Arzú–, el oficialismo y sus aliados apostaban a varias cartas, especialmente las de Zury Ríos, Manuel Conde y Sandra Torres, en ese orden.  Pero inesperadamente la favorita Ríos cae a la sexta posición y Conde apenas llega a la tercera, a pesar de contar con el respaldo oficial.

El ganador de esa elección es el voto nulo, y el segundo lugar, que iría al balotaje con Torres, resulta inesperadamente Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, que no aparecían como actores importantes en las encuestas.  El problema es que Arévalo centró su discurso y postura en la lucha contra la corrupción, un mal que la mayoría de la población reconoce que se ha agravado.

El pasado derrotista de Torres anticipa que se perderá el Ejecutivo, razón por la cual el oficialismo y sus aliados inician la persecución de Semilla, con el fin de debilitar la candidatura de Arévalo.  Son tan burdas las acciones contra el TSE y el partido político aspirante, que la indignación favorece y fortalece la candidatura de Arévalo.

El MP y la fiscal general no esconden que se trata de una criminalización de la política.  Ni siquiera se utiliza a la fiscalía contra delitos electorales, sino que el manejo de los casos –la pistola humeante–, queda en manos Rafael Curruchiche de la FECI, y se recurre a los mismos jueces señalados de ser corruptos y antidemocráticos.

Cómo se hizo varias veces en el caso de Zamora, se presiona a implicados –como el Registrador de Ciudadanos Ramiro Muñoz–, para que emitan resoluciones de acuerdo con sus solicitudes, lo que explica la suspensión provisional de la personería jurídica de Semilla por parte de esa dependencia del TSE.  En la mafia se dice plata o plomo, aquí es libertad o cárcel. 

La persecución penal ha resultado tan burda, que no ha sido complicado encontrar la pistola humeante del MP.  El presidente Giammattei ha tratado de apartarse de la persecución judicial y ofrece llevar a cabo la mejor transición en la historia del país, cuando en realidad, se trata de poner todos los obstáculos posibles para que Arévalo no llegue a asumir o lo haga con un gran desgaste propio y del partido.

La presión internacional

La ONU molesta porque se persigue a los exCICIG, sin respetar el estatus que tuvieron y la inmunidad de que gozan –caso abogada González–, la OEA denuncia que las elecciones fueron limpias y ejemplares, pero critica las acciones del MP.  El Departamento de Estado sube el tono para señalar que se debe respetar la voluntad popular, y no descarta que algunos de los incluidos en la Lista Engel pudieran recibir sanciones mayores.

La Unión Europea y varios países, lamentan la actitud que mantiene el Gobierno de Giammattei, quien trata de que todos los reflectores se dirijan hacia el barrio Gerona.  Sin embargo, nadie olvida que en mayo de 2022, previo a la reelección de Consuelo Porras, se había firmado un pacto de sangre, para asegurar que en Guatemala no se volvería a dar una lucha contra la corrupción… ni con CICIG, ni con un presidente con esa filosofía.  El pulso no cesa. ¿Quién ganará?