Las alcaldías del departamento de Guatemala manejan con poca transparencia los presupuestos vigentes, los cuales, en total, ascienden a Q2,100 millones, más de la mitad de esos recursos pertenecen a la alcaldía capitalina. Así se infiere en un informe de la PDH que destaca, además, que los fideicomisos siguen siendo utilizados para evadir la licitación, cotización pública y la fiscalización social.
Los jefes ediles de las 17 alcaldías del departamento de Guatemala carecen de voluntad política para transparentar la manera en que ejecutan los presupuestos asignados, abriendo con ello las puertas a la discrecionalidad y corrupción. En medio de esto, los fideicomisos siguen siendo utilizados para evitar la fiscalización social y para poder gastar el dinero público con total opacidad.
Así lo revela el último informe de supervisión de portales electrónicos para determinar el complimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que fue realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Hasta el 17 de octubre el presupuesto vigente para las comunas de la región metropolitana ascendía a Q2,120.9 millones, y de este monto Q1,482. 9 correspondía a la alcaldía capitalina; es decir, el 59.7 por ciento del total. Así lo manifiesta el Portal de gobiernos locales del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) y los montos incluyen el 10 por ciento constitucional y el IVA Paz.
Alcaldías, focos de opacidad
Entre los principales hallazgos de la PDH está que las comunas de San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez, San José Golfo y San Pedro Ayampuc, no cuentan con portal electrónico; mientras que las de Fraijanes y Palencia tienen un portal municipal, pero no publican información relacionada con la normativa de Acceso a la Información Pública.
También se detalla que de todas las alcaldías supervisadas, a excepción de la de San Juan Sacatepéquez, ninguna cumple con la publicación completa de salarios y honorarios.
En cuanto a las compras directas, se señala que no existe transparencia, debido a que se comprobó que todas las alcaldías realizaron adquisiciones bajo esta modalidad, pero solo 10 de las 17 lo hacen público.
La información de oficio que se refiere a aspectos generales de las comunas es aceptable; sin embargo, el área de transparencia en la ejecución del gasto es deficiente y no existe forma de saber si los viajes nacionales e internacionales son publicados, dado que no hay información desagregada por renglón presupuestario para conocer el gasto ejecutado, afirma la investigación de la PDH.
También se destaca que la comuna de Chinautla no pudo ser supervisada este y el año anterior, debido a que el personal de la magistratura de conciencia no fue atendido.
Para Astrid Perdomo, investigadora de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), en el caso de las comunas hay dos factores que determinan que no acaten lo ordenado por la ley: no existe la suficiente exigencia de la ciudadanía para que se cumpla, porque no se sabe que se puede solicitar la información y, segundo, existe una ausencia de cultura de transparencia en todas las instituciones del Estado, que incluye las alcaldías.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), explica que todo esto ocurre por la falta de voluntad política y porque las autoridades ediles están más a gusto gastando en la opacidad los recursos públicos que con transparencia.
Figura legal corrompida
La PDH también detalla que los fideicomisos son utilizados para evadir la fiscalización social, la Ley de Compras y Contrataciones y la rendición de cuentas. Al 30 de junio del presente año, las entidades de la administración central, descentralizadas y autónomas reportaron al MFP 79 fideicomisos, de los cuales 33 están vigentes y con disponibilidad al mes de julio, de Q1,602 millones.
La totalidad de fideicomisos se divide en 41 de la administración central y 11 entidades descentralizadas y autónomas. Estos son catalogados como focos de corrupción, en donde no se publican las licitaciones y las compras o contrataciones que llevan a cabo.
La supervisión de la PDH incluyó a ocho de ellos, Fideicomiso del Fondo Vial, Fondo de Protección Social, Fondo Social de Solidaridad (FSS), Fideicomiso para la Inversión de la Vivienda (FIV), Fideicomiso de Desarrollo Social, Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES), Fondo para Reactivación y Modernización de la Actividad Agrícola (FONAGRO) y Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni).
De los ocho fideicomisos supervisados, FONADES no cuenta con Unidad de Información Pública; asimismo, ninguno indicó tener información reservada, empero, la PDH ha recibido denuncias porque no han otorgado información solicitada.
En cuanto a los gastos que estos fondos generan, solo un fideicomiso tenía información completa, mientras seis poseían información de forma parcial y uno no contaba con ella.
Respecto de las compras directas, solo tres contaban con la información, uno con información parcial y los otros cuatro no las publicaban. En este sentido, únicamente tres fondos supervisados cuentan con página o portal, otros tres publican información en las páginas de las entidades responsables y dos no tienen.
Ricardo Barreno, analista independiente, comenta que cuando se habla de fideicomisos se observa un canal o una puerta aún no cerrada para la corrupción, lo cual corresponde a pagos de favores políticos y no tanto orientados a beneficios a la población.
Referente a las cotizaciones y licitaciones, solamente un fideicomiso de los ocho supervisados posee información completa, dos publican el listado de cotizaciones, pero no con los contratos respectivos, uno indicó que no le aplica la normativa y el resto no contaba con la información.
Al respecto, Perdomo comenta que quienes utilizan los fideicomisos para ejecutar los recursos del erario lamentablemente no velan por el bien común y violan los instrumentos de transparencia para favorecerse a ellos mismos.
Los fideicomisos nacieron para evadir normas legales; sin embargo, ahora se exige cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, los fideicomisos quedarán si mayor efecto, porque se usaban para evadir la ley, muchos de esos fideicomisos quedaran inoperantes, opina Marroquín, de AC.
Hay que hacer valer la ley
Según expertos en temas de transparencia y politólogos, para cambiar la cultura de opacidad del funcionariado hace falta empezar a imponer las sanciones contempladas en la LAIP. De lo contrario, aseguran, nada cambiará.
Es una ley modelo, hay razones por las cuales no se cumple, una es que se deben imponer las sanciones, de lo contrario, no hay disuasivo, porque si no los funcionarios siguen haciendo lo que quieran, porque saben que no serán sancionados, subraya Violeta Mazariegos, secretaria de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH.
Esto es respaldado por la investigadora de la Universidad Rafael Landívar, quien comenta que las prácticas de opacidad continuarán hasta que no se transcienda del marco legal a acciones más concretas.
En tal sentido, dicha ley cuenta con sanciones drásticas; por ejemplo, en la comercialización de datos personales, alteración o destrucción de información de archivos, conlleva a una sanción de cinco a ocho años y una multa de Q50 mil y Q100 mil.
Asimismo, la retención de información de parte del funcionario, servidor público, o cualquier persona responsable de cumplir con la LAIP, en forma arbitraria o injustificada que obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de Q10 mil a Q50 mil.
La revelación de información confidencial o reservada también es penada con prisión de cinco a ocho años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de Q50 mil a Q100 mil.
Pese a que existen estas penas y sanciones, únicamente se han registrado cinco condenas, cuatro de ellas en el año 2011, específicamente por revelación de información confidencial o reservada y una en 2014 por retención de información.
El presidente de AC indica que se tiene una iniciativa en conjunto con la PDH y el Ministerio Público, con el objetivo de crear un proceso más expedito para procesar a todos los funcionarios que no cumplan con la Ley de Acceso a la Información Pública.
En este sentido, lo que se espera, es tener un procedimiento de monitoreo para documentar el incumplimiento de ley que es lo que sirve de prueba y con esa evidencia se hace el procedimiento con una fiscalía del MP, para poder procesar a estas autoridades que siguen incumpliendo con la norma, concluye Marroquín.