El Alto Comisionado de DDHH advierte que las acciones del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral no son “compatibles con el derecho internacional”. La Fiscalía toma nuevas acciones contra el personal de TSE, que da trámite a los pedidos de listas requeridas.
Voz de América
WASHINGTON — La inestabilidad que impera en la segunda vuelta presidencial en Guatemala, que tiene en incertidumbre al país y a la comunidad internacional atenta, eleva las “preocupaciones” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Türk, quien se manifestó el jueves sobre los riesgos “que podría resultar de que no se respete la voluntad de los votantes” el 20 de agosto.
Volker Türk considera que las continuadas acciones del Ministerio Público de Guatemala y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) son “intentos” claros de “socavar el proceso electoral”.
En un comunicado difundido desde Ginebra, la máxima autoridad del organismo global en asuntos de derechos fundamentales dijo que también “existen preocupaciones sobre la compatibilidad de estas acciones con el derecho internacional de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Türk hizo un llamado “crucial” al secretario general de la ONU, António Guterres, a actuar “contra cualquier coacción, interferencia arbitraria o ilegal en los procesos de votación y las reglas electorales” en el país centroamericano.
“Las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, pero me preocupan los crecientes niveles de desconfianza y polarización en la sociedad guatemalteca. Insto a las autoridades a continuar garantizando el derecho de las personas a expresar sus quejas”, dijo Türk
Guatemala ha experimentado en las últimas semanas una cruzada desde el ente fiscal del país para deslegitimar los resultados de las elecciones generales del 25 de junio y la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta presidencial al llegar al bolatoje contra todo pronóstico.
El Ministerio Público esgrime que investiga la denuncias de un ciudadano que dice haber sido registrado ilegalmente en el partido político de izquierda por lo que ha buscado cancelar la personería jurídica del partido, realizado allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y emitido ordenes de captura contra miembros de la agrupación.
Asimismo, la Fiscalía aduce que tienen indicios de que existen unas 5.000 inscripciones ilegales, postura rechazada en su totalidad por el partido enfilado a la segunda vuelta con el candidato Bernardo Arévalo.
Ante las denuncias por «acciones arbitrarias» la autoridad fiscal ha dicho que no tienen como objetivo interferir en el proceseo electoral ni cancelar al partido en contienda, pero que seguirá las diligencias de investigación.
Nuevas acciones fiscales
Mientras la Oficina del Alto Comisionado instaba a frenar la cruzada, también el jueves, la FECI solicitó al TSE la entrega de una lista de personas contratadas por la institución para digitar las actas de la elección general reciente.
Los empleados de los que no se ha especificado el número serían cuadros técnicos capacitados por el TSE para realizar esa etapa del escrutinio y dedicados a subir al sistema las actas de los votos contados, validados y registrados por las Juntas Electorales a nivel nacional y verificados por observadores nacionales e internacionales.
La institución rectora de los comicios con facultades supremas y rango constitucional dijo este viernes que sigue trámite a la petición del Ministerio Público sobre el requerimiento del listado de los digitadores que trabajaron en la jornada electoral del 25 de junio.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, indicó –según recogen medios locales- que la mayoría de este equipo técnico lo conforman jóvenes contratados en sus localidades.
“Nos preocupa” porque son empleados por contrato de “trabajo temporal y que por unos días de trabajo los podamos poner en una situación difícil, son ciudadanos que dan un servicio al país”, dijo Palencia.
Previsiblemente este mismo equipo técnico debería trabajar en la segunda vuelta, el Ministerio Público no ha especificado las razones del requerimiento de las listas completas de estos trabajadores.