- Magistrados que permanecen ilegalmente en sus cargos dan trámite a antejuicio
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CS), que tienen más de 30 meses de permanecer de manera ilegítima en sus cargos, dieron trámite al antejuicio en contra del Juez de Mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien se ha identificado como uno de los pocos jueces independientes que quedan en el sistema de justicia guatemalteco.
Gálvez fue denunciado por el delito de «prevaricato» por la Fundación Contra el Terrorismo, la misma que ha actuado judicialmente en contra de otros operadores de justicia que han tenido destacada participación en la lucha anticorrupción del país.
Gálvez ha demostrado a lo largo de su carrera en tribunales que sus resoluciones son apegada a derecho y ha llevado algunos de los casos más sonados en la última década, varios de ellos por corrupción y otros, como el que provocó la acción de la Fundación Contra el Terrorismo, por violaciones a los derechos humanos de parte de exmilitares, cuando pertenecían al ejército y durante el conflicto armado interno.
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La Fundación contra el terrorismo es dirigida por Ricardo Méndez Ruíz, quien ha sido incluído en la Lista engel del departamento de Estado estadounidense. Todos los que se incluyen en dicha lista, además de perder derecho a visa, son calificado como personas «corruptas y antidemocráticas».
La resolución de la CSJ fue votada «por mayoría» y de una vez se nombró como Juez pesquisidor al Vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Zonia de la Paz Santizo, para que sea la que continúen con el proceso contra el Juez, quien cuenta con el respaldo de amplios sectores de la población, así como la Asociación de Jueces por la Dignidad, que cuenta con reconocimiento internacional.
Tanto el MP como la CSJ responden siempre de manera afirmativa a las solicitudes de la Fundación de Méndez Ruíz, lo que permite ver que actúa como parte de la «alianza oficialista», que a su vez utiliza al sistema judicial para perseguir a operadores de justicia independientes. Así lo han denunciado organismos internacionales, como la CIDH, de la OEA. el propio departamento de Estado e instituciones independientes, como el colegio de Abogados de Nueva York, entre otros.
Méndez Ruiz asegura que las resoluciones del juez Gálvez no han sido apegadas a derecho, a pesar de que el juzgador expone ampliamente en cada resolución en que artículos y leyes basa su decisiónm o fallo.
El prevaricato es un delito que aplica cuando «el juez que por negligencia o ignorancia inexcusables, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos», una situación que ha todas luces no se ha presentado en su resolución de enviar a jucio a nueva exmilitares por considerar que hay indicios suficientes contra ellos en el caso conocido como «Diario militar», que revela violaciones a los derechos humanos por parte de los acusados.
Al conocerse la resolución de la CSJ, calificada por muchos como espuria, porque la «alianza oficialista» en el Congreso se niega a elegir nuevos magistrados como manda la Constitución, las redes sociales estallaron con mensajes en contra de la decisión, que se considera una cacería más de parte de la justicia bajo control oficialista.
¿Quién es la jueza pesquisidora?
La jueza Zonia de la Paz Santizo, ha tenido varios casos relevantes en sus manos. Siendo parte de la Sala Tercera de Apelaciones, conoció el de ruso Igor Bitkov, en el Caso Migración; el del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, por el caso Bono Militar; y el Samuel y José Manuel Morales –hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales– por el caso Botín Registro de la Propiedad
En sus resoluciones revocó la sentencia de la jueza Erika Aifán contra Bitkov, benefició a Mansilla y Jimmy Morales por dar y recibir un sobresuelo de parte del ejército al expresidente, entre otras resoluciones importantes.