Bismarck Pineda*
La corrupción debe ser vista como uno de los delitos más atroces que se pueden cometer, ya que a causa de ella no se crean empleos, los servicios de salud no llegan a los que los necesitan, ni tampoco los servicios educativos o los de seguridad y justicia. Es un crimen que no se comete contra un individuo sino contra toda la sociedad entera. Por ello, de forma indirecta si se quiere, se puede decir que la corrupción es una de las principales causas de muerte en el país y la condena a que se encuentre en estadios de pobreza permanente. La corrupción causa ineficiencia y ésta causa ausencia de servicios públicos.
Lo anterior tiene sustento en la literatura académica. Por ejemplo el estudio del Fondo Monetario Internacional de 1998 demuestra que la corrupción incrementa la pobreza y la desigualdad, la efectividad del gasto social y la formación de capital humano lo cual perpetua la transmisión intergeneracional de la pobreza. Según Robert Klitgaard el riesgo de corrupción se incrementa en relación con las rentas que controla un funcionario público y la discrecionalidad que tiene para poder asignar esas rentas —ya sea a él y a otros en específico—. Ese riesgo disminuye según la capacidad de poder hacer responsable al funcionario de los actos de corrupción derivados de esa discrecionalidad. En ese sentido se puede establecer una relación de reducción de corrupción cuando: a) se incrementa la competencia entre los oferentes (contrataciones públicas); b) se reduce la discrecionalidad para elegir a los oferentes mediante procesos específicos; c) se promueve la transparencia y se implementan medios de control; y, d) se penaliza a las personas que realizan actos de corrupción.
La tradición del sistema político guatemalteco ha sido por mucho tiempo la corrupción. En ese sentido, es esperanzador que en Guatemala se estén juzgando casos de alto impacto que den la señal a las personas que quieren beneficiarse ilegalmente de sus puestos que no lo podrán hacer sin asumir las consecuencias. Será interesante ver como el sistema de justicia atenderá estos casos para darles solución y penalizar a los culpables y como puede evolucionar para poder ser eficiente en castigar a todos los que comentan actos de corrupción a futuro. Esto de forma específica significa atacar el punto d) mencionado en el párrafo anterior.
Sin embargo, para atacar el problema de la corrupción se necesita atacar el resto de elementos que la causan. En ese sentido se requiere de una Ley de Compras adecuada y que las instituciones de control funcionen. Con esto me refiero específicamente a la Contraloría General de Cuentas y otras entidades que fueron creadas para controlar la gestión pública y hacerla transparente, pero que no han dado resultados. Siendo sinceros, si no fuera por la CICIG y el MP nada hubiera pasado en los casos emblemáticos de corrupción que están siendo juzgados. Los informes de Contraloría rara vez derivaron en acciones contundentes contra la corrupción. Reformar estas instancias de control debe ser algo necesario si es que queremos tener un sistema político menos corrupto y más eficiente.
Otro componente, además, es el sistema de valores de un país. Podemos tener órganos de control adecuados y un sistema de justicia capaz de penalizar actos de corrupción, pero también tenemos que trabajar en nuestros valores como sociedad. Debemos de dejar de pensar que el más vivo es el que se aprovecha de la normativa y pensar que la virtud se encuentra en respetarla en cualquier circunstancia, no solo cuando nos es conveniente. Cambiar esta mentalidad es una tarea de todos.