Es una lista que se forma al amparo de una ley estadounidense, aprobada para contrarrestar la corrupción en Centroamérica. Sus sanciones son prácticas y también morales.
Gonzalo Marroquín Godoy
El congresista demócrata Eliot Engel presentó en 2019 ante el Congreso de Estados Unidos la iniciativa de la Ley de Compromiso Reforzado, la cual fue aprobada en diciembre de 2020 con el fin de contrarrestar la corrupción en tres países que muestran grandes rezagos de orden social: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Dicha Ley contempla sanciones para personas a las que se considera corruptas y antidemocráticas, pero que son incluidas en la llamada Lista Engel solamente después de un riguroso análisis e investigación por parte del departamento de Estado de Estados Unidos, lo que significa que no se toma la decisión a la ligera, sino que se hace con fuerte sustento y buscando evidenciar situaciones particulares de estos personajes.
La Ley contempla que a todos los que se incluya en la Lista Engel se les retire la visa –a veces se incluye a sus familiares–, y que se puedan utilizar otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas que realizan; se puede llegar incluso al bloqueo de propiedades que tuvieran en Estados Unidos.
Ese es –más o menos– el marco regulatorio de dicha ley, pero hay que tomar en cuenta que al hacer pública la Lista Engel, se sanciona también moralmente a sus integrantes, por más que aquí en Guatemala varios ellos traten de victimizarse y hacer creer a la opinión pública que es una represalia política, lo que no tiene sentido si tomamos en cuenta que las sanciones provienen de otro país y del propio Departamento de Estado, una de las instituciones de mayor reconocimiento internacional que, por supuesto, no puede actuar con ligereza.
En el caso de Guatemala hay ya unas cuantas decenas de coloridos personajes que se incluyen en dicha lista, a los que se suman los 16 de ayer. Destacan la fiscal general Consuelo Porras, magistrados de la Corte Suprema, ex ministros, diputados y exdiputados, empresarios, abogados, activistas políticos y judiciales, y el día de ayer se sumó nada menos que al fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche, quien en vez de perseguir a los corruptos opta por encubrirlos o debilitar los casos contra ellos.
No debemos olvidar que la corrupción promueve que haya mayor pobreza y falta de oportunidades, lo que significa que es uno de los disparadores más importantes para que se mantenga el flujo migratorio hacia Estados Unidos. En buena medida, esta Lista Engel tiene entre sus objetivos atacar algunas de las causas que influyen a la migración. Sin corrupción y con un sistema democrático funcional, ese éxodo de guatemaltecos disminuiría.
Alguno podría decir que esta Lista Engel puede significar una intromisión de Estados Unidos en los asuntos de Guatemala y que, por lo tanto, se afecta la soberanía nacional. Sin embargo, es importante resaltar que la soberanía no es propiedad del Gobierno, tampoco de los poderosos. La soberanía radica en el pueblo, el cual la delega en las autoridades –así dice la Constitución–.
Si las autoridades traicionan los intereses del pueblo, son ellas las que violan y afectan la soberanía. Las relaciones entre los países se pueden interpretar como relaciones entre los pueblos. Seguramente si se le preguntara a todos los guatemaltecos si queremos ayuda para combatir la corrupción, una gran mayoría diría que sí.
Yo he participado en numerosas misiones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para exigir que se respete la Libertad de Prensa en otros países. Muchas veces se nos ha calificado de intervencionistas, de irrespetar la soberanía y un montón de cosas más. Pero cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de pueblos reprimidos en sus libertades, cuando se trata de países donde no hay justicia, es lógico que los pueblos necesiten de toda la ayuda posible para terminar con el yugo impuesto. No es intervencionismo, no es atropello a la soberanía, es colaboración con los pueblos en defensa de los principios democráticos y sus derechos.
En Guatemala vivimos un momento en el que priva mucha confusión, provocada principalmente por la manipulación de la información en las redes sociales. Sin embargo, debemos tener claridad en una cosa: estamos viviendo un tiempo de opresión bajo la alianza oficialista, que ha controlado los tres poderes del Estado y borrado la independencia del sistema judicial. Eso nos afecta a todos y golpea la democracia.
En una democracia funcional, no se podría pensar que funcionarios con señalamientos como los que hace la Lista Engel, continúen en sus cargos. En otras latitudes, todos los mencionados en esta lista estarían en la cárcel o, al menos, en el banquillo de los acusados frente a un tribunal. El mensaje que nos dan es que siguen en sus cargos y operan con impunidad en negocios con el Estado, porque forman parte de esa maquiavélica alianza oficialista.
El presidente Giammattei puede seguir diciendo que somos el país de las maravillas, pero la realidad es muy diferente. Y así nos ven en el extranjero.