Comisión de Derechos Humanos tiene en la mira la cabeza de Jordán Rodas
La estrategia continúa. Mientras la batalla del oficialismo y sus aliados continúa para controlar la justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso apunta sus baterías al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, a quien se le ha exigido un informe en 24 horas para que aclare por qué no ha defendido al hoy prófugo de la justicia, el abogado Mynor Moto,
Moto, quien no gozaba de inmunidad cuando se giró la orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia, fue juramentado de manera express por el Congreso de la República, en un intento para que asumiera ilegalmente el puesto de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), a pesar de existir numerosas impugnaciones a la forma en que fue elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), sin reunir las condiciones de idoneidad y honestidad requeridas por la Constitución.
La legislatura del 2021, controlada por el oficialismo y sus aliados, se ha impuesto la tarea de controlar las cortes –Suprema (CSJ) y de Constitucionalidad (CC)-, la salas de apelaciones, pero también la de desgastar al actual PDH, a quien califican como opositor de los intereses oficiales.
Esa fue una de las razones para que se entregara la Comisión de Derechos Humanos al diputado Álvaro Arzú Escobar, quien se ha pronunciado en varias ocasiones contra el PDH y en la legislatura en que fue presidente del Congreso, apoyó las iniciativas que surgieron para destituirle, aunque nunca se llegó a una votación en el pleno.
La Comisión de DDHH del Congreso, que debiera ser un bastión de fortaleza para la PDH, se ha convertido en el principal enemigo del titular. La estrategia es desgastarle ahora y, si no se le puede quitar del camino, esperar para poner a un Procurador afín a sus intereses el próximo año, cuando termina el período constitucional de Rodas.
En 2019, la Comisión de Derechos Humanos falló en el primer intento por destituir a Rodas.
El nuevo presidente de la Comisión, Arzú Escobar, era presidente del Congreso en aquel entonces y apoyaba la iniciativa, que finalmente fue desechada.
En su defensa, Arzú Escobar asegura que le dio trámite a una solicitud presentada por el propio Moto por medio de una carta, diciendo que hizo lo que la Comisión a su cargo hará «con cualquier persona que nos presente una denuncia». También dice que las decisiones «se toman de manera colegiada» en la Comisión, pero sabe que el oficialismo y sus aliados tienen amplia mayoría, como sucede también en el pleno.
La pugna entre Rodas y el sector político oficialista en el país se inició durante el período de Jimmy Morales, cuando se inició la lucha para expulsar a Iván Velásquez y a la CICIG. La PDH interpuso varios amparos que impidieron muchas de las acciones iniciadas en aquel entonces por el Gobierno y respaldadas por el Congreso.
Con la llegada del presidente Alejandro Giammattei a la presidencia, se cambio el partido oficial, pero se mantuvo la misma alianza.
El Congreso pretende retardar la elección de los magistrados a la CSJ y de sala, para que sea la actual CSJ la que nombre a los dos magistrados para la nueva CC, que debe asumir en abril próximo. Además, se quiere que las elecciones de magistrados se hagan con candidatos afines a la corriente oficialista, que pretende el control de todo el sistema de justicia, con el fin de asegurar la impunidad.
La comunidad internacional, pero principalmente Estados Unidos, han advertido sobre la necesidad de nombrar o elegir magistrados idóneos y que ser garantice la independencia del sector justicia.