Editorial
Los primeros siete años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICG), transcurrieron entre luces y sombras, con fuertes polémicas que giraron en torno a la personalidad y acciones de dos comisionados -Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese-, aunque siempre en la dirección de promover cambios en el sistema de justicia y luchar contra la marcada impunidad.
A finales del 2013 llegó como nuevo comisionado, el fiscal colombiano Iván Velásquez, un profesional de reconocido prestigio, que Naciones Unidas valoró para escogerle al cargo de comisionado en Guatemala. No está de más decir que esta Comisión es casi única en su género y concepción, razón por la cual la comunidad internacional mantiene especial interés en torno a sus acciones y resultados.
El primer año de Velásquez no alcanzó gran notoriedad, en buena medida porque se trabajó en crear una nueva estructura interna en la CICIG, con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones, así como al diseño de una estrategia que tuviera objetivos precisos. Los resultados están a la vista este 2015.
De acuerdo con las prioridades que fijó el propio comisionado, se establecieron cinco focos de atención para encaminar investigaciones: corrupción, corrupción en el sistema judicial, narcoactividad y despojo de tierras, financiamiento de partidos políticos y, finalmente, el sistema de aduanas.
La tarea era demostrar el funcionamiento de estructuras criminales en estos fenómenos criminales detectados previamente. El trabajo de capacitación, la organización y las investigaciones dieron frutos altamente positivos. Pero hay un fenómeno que se debe destacar a la par de esto: se promovió –a la luz de los resultados– un despertar ciudadano que fortaleció la labor institucional en la cadena del sistema de justicia.
Nunca en la historia del país se había forzado la renuncia del presidente y la vicepresidenta de la República –Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti– y, mucho menos, que ambos terminaran el período para el que fueron electos detenidos en una cárcel, ya que fueron vinculados como cabecillas de una de las estructuras criminales que se dedicaba a la defraudación aduanera, como el conocido caso La Línea.
En total, se han llevado a cabo 21 investigaciones en contra de estructuras criminales en este período. Hay 183 personas ligadas a los procesos, la mayoría de ellas en detención preventiva. Producto de estos casos, se tuvieron que presentar 20 acciones de antejuicio contra funcionarios o diputados, algo impensable en el sistema político-judicial que había imperado hasta el 2014.
Quedó al desnudo la forma en que la clase política logra infiltrar las instituciones del Estado, hasta hacer evidente la forma en que ha prevalecido el interés particular de las personas sobre el interés colectivo y el del país. También se hizo evidente que es necesario promover un cambio de actitud entre jueces y magistrados, principales protagonistas en cualquier lucha contra la impunidad.
Ha sido la CICIG la que ha provocado un resquebrajamiento de esa clase política corrupta y, además de ponerla en evidencia, ha puesto sobre el tapete la imperiosa necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los diputados, representantes de esa clase política, aún se resisten a reformas profundas e insisten en aprobar las que se han discutido este año, un burdo engaño si lo que se quiere es cambiar el sistema verdaderamente.
Entre la presión ciudadana y el temor a la CICIG y el MP, hicieron también posible que el Congreso aprobara una nueva Ley de Compras y Contrataciones, pero aún hace falta una legislación más robusta que permita combatir la corrupción y obligar a los funcionarios y todas las dependencias del Estado a ser más transparentes.
Ha sido un año de grandes avances para la justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tradicionalmente plegados al poder político, muestran ahora más independencia, lo que confirma que las instituciones pueden funcionar, siempre y cuando haya actitud y determinación. La CICIG ha contribuido con llevar confianza a esas instancias, un valor intangible pero importante.
En conclusión, un año excelente para CICIG -con la colaboración del MP- y para Guatemala.