Frente contra la corrupción advierte de acciones para violar el derecho de petición
La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), señalada de ser afín al oficialismo, accionó en contra de los amparos interpuestos por el abogado Alfonso Carrillo y este día ha provocado la reacción del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC), que señala los peligros que encierra «amedrentar, perseguir y violar el derecho de petición», garantizado por la Constitución y la Ley de Amparo.
Los magistrados de la CC abrieron una «investigación» para determinar si el abogado Carrillo estaba en Guatemala al interponer una serie de amparos, vinculados con casos de corrupción o en contra de los actos llevados a cabo por el oficialismo para controlar las cortes –entre otros–, toamndo en cuenta que reside gran parte del tgiempo fuera de Guatemala. Eso, sin embargo, no limita ninguno de los derechos que tiene todo ciudadano guatemalteco.
DOS AMPAROS INTERPUESTOS POR CARRILLO: 1.- Para impedir que el ex juez Moto tomara posesión; 2.- Contra la designación de Leyla Lemus como magistrada a la CC
Carrillo, en declaraciones a Crónica, ha dicho que «jamás he violado la ley», tomando en cuenta que qctuó por medio de un abogado que le euxilia, como está contemplado en las leyes nacionales. Todos los ciudadanos que residen o se encuentran en el extranjero, puede actuar judicialmente por medio de un abogado que les auxilie.
El FCCC le recuerda a los magistrados de la CC, que deben respetar el artículo 21, literal i) de la Ley de Amparo, el cual establece claramente lo siguiente: (…) si el solicitante no puede firmar, lo hará otra persona o el abogado que lo auxilia», y destacan por lo tanto que los escritos de amparo presentados por Alfonso Carrillo «cumplen a cabalidad con este requisito: si él no lo firma, lo firma la persona que lo auxilia».
Pero el Frente manifiesta su preocupación por el mensaje que envía la CC, y por eso, advierte que los magistrados deben dejar de lado «aquellas prácticas de criminalización contra Alfonso Carrillo y otros ciudadanos que presentan acciones legales ante los organos de justicia».
En ese sentido, el Frente –que está integrado por varias organizaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos– manifiesta su preocupación porque ven que, a pocos días de haberse iniciado, «la nueva magistratura da una resolución personalizada con el ánimo de amsedrentar, perseguir y violar el derecho de petición.
Pero también advierten que esta «arbitrariedad cometida por cuatro magistrados de la CC solo da más fuerza a la ciudadanía para seguir adelante». La resolución de la CC fue avalada precisamente por los cuatro magistrados señalados como afines al oficialismo.
El FCCC hace un llamado al Colegio de Abogados y a la población en general, para «defender la institucionalidad y rechazar este acto que supone una regresión democrática, además de restringir derechos y garantías constitucionales»
Los magistrados que representan al oficialismo y que votaron a favor de la investigación contra Carrillo son quienes fueron designados o elegidos por el Ejecutivo, el Congreso, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia, cuatro instituciones que siguieron los lineamientos del oficialismo para controlar la CC.
Organismos internacionales e incluso gobiernos de varios países advirtieron en su momento sobre el peligro de integrar una CC con magistrados que no fueran independientes.
Los magistrados actuaron a solicitud del ciudadano Ricardo Méndez Ruíz, quien ha jugado un papel a favor de la impunidad en el pasado y actúa bajo bandera ideológica.