La CC no cedió ante amparo del MP contra la libre expresión y el derecho a manifestar

  • La Corte de Constitucionalidad (CC) ha rechazado el pedido de Consuelo Porras, titular del Ministerio Público para que el Ejecutivo haga uso de la fuerza pública en protestas convocadas en redes sociales y por emitir críticas y exigencias para que deponga su cargo junto a cuestionados miembros de su equipo.

Voz de América

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó este lunes un un amparo solicitado el viernes reciente por la fiscal general, Consuelo Porras, para instar al Ejecutivo de Alejandro Giammattei a que actúe “con el uso de la fuerza” ante las protestas ciudadanas que exigen su renuncia y que se convocan por redes sociales.

La máxima autoridad en asuntos constitucionales ha plasmado este lunes sus argumentos de rechazo a la petición de la fiscal general, que mencionaba a ciudadanos que por diferentes redes sociales critican su accionar y le “vulneran derechos” como jefa del Ministerio Público e “impiden la independencia” de la institución y cometen “obstrucción de la justicia”.

La petición de la jefa fiscal de Guatemala pedía amparo también para “resguardar la integridad” del director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) , Rafael Currichiche, y la fiscal Cinthia Montorroso, ambos sancionados por Estados Unidos e incluidos en la Lista Engel por “ataques a la institucionalidad democrática” y al Estado de derecho.

El largo escrito de solicitud de amparo incluía comentarios negativos que la ciudadanía ha emitido sobre la funcionaria y su acciones en los casos abiertos contra el Movimiento Semilla, que resultó ganador de la segunda vuelta de la elección presidencial el domingo 20 de agosto.

Guatemala atraviesa por una situación “preocupante” para analistas y observadores internacionales por la “extrema judicialización” del proceso electoral, que el domingo reciente le dio una victoria contundente al presidente electo Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, sobre el que pesan una serie de casos legales que buscan cancelar la formación política, a la vez que siguen en pie acciones contra el sistema electoral.

(Foto de Vox Populi)