La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, envió un nuevo oficio al Ministerio Público (MP) para que la Fiscalía de Asuntos Internos comience una investigación contra fiscales o funcionarios que puedan estar filtrando información del caso Odebrecht.
Aifán recuerda, en la misiva a la fiscal general del MP, Consuelo Porras, que dicha causa penal se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no es posible compartir información. Aun así en cuentas de redes sociales vinculadas a “netcenter” ha trascendido información relacionada con la investigación.
Se solicitó que la Fiscalía de Asuntos Internos realice una investigación para determinar si fiscales o funcionarios pudieran estar filtrando información.
La jueza Aifán mantiene el control de la investigación que realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Caso Odebrecht
Existen al menos tres investigaciones del llamado caso Odebrecht. La que dejó Juan Francisco Sandoval en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que involucra a más de 100 personas, la mayoría políticos. Y segunda, de las que se sabe, se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos y que tienen como denunciado al exfiscal.
Las investigaciones se encuentran en reserva y en esta publicación se abordará la que se encuentra en la FECI.
Aunque el caso esta reserva judicial parcial, datos de las pesquisas salen a luz día a día a través de diferentes canales de difusión. Diversas cuentas en Twitter, señaladas de ser parte de un netcenter, donde emiten mensajes.
El mismo presidente Alejandro Giammattei anunció en una entrevista internacional: “Espérese a ver lo que viene del caso Odebrecht, porque en Guatemala es uno de los países donde no se destapó”, dijo a un entrevistador de CNN.
La declaración del mandatario avivó la suspicacia, en círculos sociales, respecto a que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras podría solicitar una orden de captura en contra de Sandoval por ese caso. Ya el exfiscal tiene dos órdenes de captura vigentes.
En los perfiles de redes sociales de Ricardo Méndez Ruiz, y la Fundación contra el Terrorismo que dirige, se señalan supuestas irregularidades en la firma de los primeros tres convenios de colaboración eficaz que se firmaron con la autorización judicial de la jueza Claudette Domínguez.
Sandoval ha rechazado los señalamientos desde que Méndez Ruiz lo denunció en 2018.