Jueza declara en rebeldía a exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela

La Jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, declaró en rebeldía al exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por no presentarse a la audiencia programada para este jueves por el caso Subordinación del Legislativo.

La togada argumentó que Valladares tiene conocimiento de la orden de captura en su contra y que, al pedir asilo en Colombia, se puede establecer, con base al Código Procesal Penal, que esta rehuyendo de la orden de detención.

Para el abogado del exfuncionario, Óscar Colindres, es incongruente que se declare a su defendido en rebeldía “porque no está legalmente citado, por lo que no está obligado a comparecer”, indicó Colindres.

“No acudiré a nueva trampa”

El exministro de Economía publicó un comunicado para indicar que no se presentaría a la audiencia programada para este jueves 13 de febrero.

“No acudiré a esta nueva trampa puesto que hacerlo, teniendo en cuenta lo que ya ha hecho y sigue haciendo (la jueza), sería como que, si el presidente Trump se sometiera a un juez manejado por la congresista Pelosi”, indicó Valladares Urruela.

Tal como lo expresó en un primer comunicado, el exfuncionario asegura que la Fiscalía actúa por motivaciones políticas y no busca justicia. Asegura que el objetivo es capturarlo para humillarlo y exhibirlo ante los medios de comunicación.

Caso

El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la primera solicitud de retiro de inmunidad en contra del ministro Valladares Urruela y siete diputados de la Octava Legislatura por el caso Subordinación del Legislativo.

De acuerdo con la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien, mediante promesas de dinero, habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.

Uno de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.  Según las pesquisas, en los pagos habría intervenido Valladares Urruela, quien en ese entones fungía como directivo de la Fundación de la compañía telefónica.