La jueza lo solicitó en apego a derechos constitucionales y por leyes internacionales
El juez pesquisidor, magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez (foto), denegó a la jueza Erika Aifán que la audiencia que debe realizar hoy en el caso de uno de los varios antejuicios contra ella se realizara abierta al público y tuviera la debida publicidad, aduciendo que es a su discreción la forma en que se lleva cabo la diligencia.
La jueza Aifán ha denunciado nacional e internacionalmente el acoso al que la ha sometido el MP y la fiscal general Consuelo Porras, que pretenden apartarla de importantes de casos de corrupción que ella lleva en el Juzgado de Mayor riesgo D. en este caso en particular, es para que no continúe viendo el caso «Comisiones Paralelas 2020», en donde podrían verse involucrados algunos magistrados, incluso de la Corte Suprema de Justicia.
La Asociación guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) se pronunció desde el pasado miércoles a favor de la solicitud de Aifán, indicando que el derecho a la realización de una audiencia pública está consignado en los artículos 14 y 30 de la Constitución, así como «los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos», de los cuales Guatemala es signatario y por lo tanto son ley para el país.
El juzgador, en su resolución dice también que toma en cuenta el hecho de que nos encontremos en medio de una pandemia por el covid-19, aunque muchos procesos que se llevan a cabo en la torre de tribunales se hacen en vistas públicas, con las medidas de bioseguridad necesarias.
La jueza Aifán considera que todo lo que se discutirá en este y otros casos que se intentan llevar en su contra deben ventilarse públicamente. Ella ha declarado que es objeto de acoso y que los numerosos antejuicios presentados en su contra por el MP son parte de un plan paraa apartarla de casos e intentar limitar su independencia como juzgadora.
El MP ha iniciado una serie de acciones, procesos e incluso ha logrado ordenes de captura contra varios operadores de justicia que han visto casos de corrupción. No son pocos los organismos internacionales que lamentan que en vez de perseguir a los corruptos, se persiga a quienes han colaborado en la lucha anticorrupción que en su momento se libró en el país, pero que la fiscal general Porras ha paralizado en la actualidad.
Los organismos que defienden la independencia de los jueces y fiscales también se han pronunciado en torno a lo que ocurre en Guatemala, ya que se ha visto que el MP, la corte Suprema de Justicia y muchos magistrados de sala, dependen del interés político que emana de lo que se llama la alianza oficialista, que ha promovido un marco de impunidad.
En este momento se lleva a cabo el proceso de postulación de nuevo fiscal general, pero aparentemente se pretende hacer que se incluya en la lista a la fiscal general Porras, a pesar de no llenar el requisito de «reconocida honorabilidad», tomando en cuenta los señalamientos que pesan sobre su persona.