- Todas las acciones de la «Fundación contra el terrorismo» (Fundaterror) prosperan, mientras las múltiples impugnaciones del juzgador independiente fueron desatendidas por las cortes: CSJ y CC
En una charla privada con Crónica hace dos meses, el juez Miguel Ángel Gálvez comentó que no quería salir del país por la persecución y acoso que ya para entonces tenía en su contra. Se mostró dispuesto a utilizar «todos los argumentos y vías legales» para hacer valer su derecho, sabiendo que le asistía la razón y que nunca había violado ninguna ley.
En las siguiente semanas y meses se vio claramente que el sistema de justicia estaba en su contra. La línea de persecución penal la definía «Fundaterror», el MP seguía ese camino y luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) le negaron sus derechos básicos y no defendieron la independencia judicial y, en particular, la del juez Gálvez
Sin embargo, su deseo de permanecer en su país no se pudo concretar. en las últimas semanas fue sometido a una persecución que realizaba un grupo de hombres –que se hacían notar– y «lo peor fue cuando tomaron fotografías mientras almorzaba con mi hijo». Esas fueron las causas que hicieron que tuviera que tomar la difícil decisión de salir, ante el inminente peligro.
El exilio es un castigo duro que imponen los regímenes en contra de opositores que logran salir cuando se sienten amenazados, pero tienen que vivir fuera, en condiciones difíciles para ellos y sus familias. En Estados Unidos se han refugiado y obtenido asilo varios operadores de justicia perseguidos por las autoridades guatemaltecas.
El mismo viernes se llevó a cabo una audiencia en el proceso que se lleva en su contra, luego de que se negara su solicitud de que la misma fuera pública, lo que a juicio de Gálvez «es una resolución que atenta en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial».
Este fue el último tuit que publicó en sus redes sociales.
El juez Gálvez decidió no presentarse a dicha audiencia y salir del país para resguardar su integridad y garantizar su libertad.
Como es del conocimiento público, varios jueces y fiscales o exfiscales que han sostenido posturas legales en contra de la corrupción, han sufrido como él la persecución de parte del MP y en los casos en qué no han logrado salir al exilio, ahora guardan prisión por acusaciones sin fundamento.
La mecánica ha sido siempre la misma. Personas vinculadas a «fundaterror» anuncian sobre la investigación antes de que el MP haga algo, y luego principia la persecución, con fundamentos débiles que sin embargo aceptan jueces, magistrados y las cortes.
Por el momento se desconoce el paradero del juez Gálvez, pero la Dirección de Migración dio a conocer oficialmente que su salida del país estaba registrada a las 6:00 horas del día sábado. El perseguido juzgador dijo a Crónica que «tuve que salir por la forma en que me persiguieron durante los últimos días personas evidentemente armadas». La decisión la tomó después del incidente durante el almuerzo familiar.
Fuentes internas al MP, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, aseguran que «había una estrategia» para enviar a Gálvez a la cárcel. No indicaron cómo ni cuando pretendían llevar a cabo la acción final en su contra para privarle de la libertad.
En declaraciones a Crónica en Agosto pasado, Gálvez expuso que ««Mi proceso no es legal, sino político, un linchamiento»
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SU TRAYECTORIA
La carrera judicial de Miguel Ángel Gálvez lleva más de 23 años, con una trayectoria impecable, hasta la denuncia de «fundaterror». El caso más sonado, por el que se hizo popular, especialmente entre todos los ciudadanos que repudian la corrupción, fue el denominado como «La Línea», en el que están implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta roxana Baldetti.
Pero antes llevó casos complicados en Chiquimula y el del asesinato del periodista de izabal, Maynor Alegría.
Ya en la capital conoció el proceso Rossemberg; el caso de los diputados del Parlasen; el proceso de los Zetas conocido como La Narcofiesta; el proceso de los Mendoza de Izabal; casos de mareros; y los de corrupción más sonados, como el de la casa de Antigua, La Línea, Cooptación del Estado, estos últimos en los que están involucrados funcionarios del Partido Patriota.
Además, ha llevado procesos del conflicto armado, el caso por Genocidio contra Efraín Ríos Montt, el de Benedicto Lucas y compañeros, el conocido como Serpur Zarco, el de la embajada de España y el último, que levantó muchos comentarios, el del Diario Militar, por el cual recibió amenazas y la acusación por la que se pidió antejuicio en su contra.
Numerosas organizaciones que defienden la independencia de los jueces, nacionales e internacionales, se han pronunciado para denunciar el acoso contra el juez Gálvez, por considerar que la acusación de «fundaterror» atenta precisamente contra esa independencia.