- Antes de él, fue Miguel Martínez quien fue obligado a abandonar Antigua Guatemala. Ejemplar lección de ciudadana sobre actitud del juzgador.
- Las redes sociales replican los videos como un «castigo social» a los personajes repudiados.
Primero fue Miguel Martínez expulsado por ciudadanos de Antigua Guatemala el mes pasado. Ahora llega el turno del juez Fredy Orellana, quien fue sorprendido por una ciudadana quien le increpó su papel al frente del tribunal que preside y luego lo subió a las redes sociales, en donde cobró una fuerza inusitada y se volvió tendencia entre los guatemaltecos.
«Respete la ley», «es usted un corrupto», «respete nuestro voto», son algunas de las frases que la ciudadana le dice al juzgador, quien se limita a ponerse una gorra para no ser identificado. Era un vuelo comercial rumbo a Panamá, un país que muchos consideran «paraíso financiero», porque abren cuentas bancarias que no pueden ser expuestas ante autoridades guatemaltecas en caso de investigaciones judiciales.
En una ocasión anterior se dijo que Orellana había sido «invitado» a retirarse de un restaurante prestigiado de la ciudad capital, al comprobar que su presencia incomodaba a otros comensales. La noticia no fue confirmada con detalles ni documentada por videos o fotografías.
El juez Fredy Orellana ha sido señalado como uno de los principales promotores del acoso judicial que se ha realizado en contra del proceso electoral, en un afán del oficialismo y sus aliados por denunciar un fraude electoral que todos los organismos de observadores que vigilaron las elecciones niegan y lo mismo sucede con los ciudadanos que participaron como voluntarios en el control de las mesas de votación y las Juntas Electorales Departamentales y Municipales.
Orellana es el juez que el Ministerio Público utiliza en los casos en donde quieren actuar con celeridad, sin importar la legalidad de las diligencias que solicitan realizar. Él autorizó los allanamientos contra el Tribunal Supremo Electoral que han cuestionado, incluso, la comunidad internacional. También giró las órdenes de captura contra funcionarios del Registro de Ciudadanos del citado tribunal.
Es por ello que las organizaciones sociales, en especial el movimiento de Paro Nacional promovido por las autoridades ancestrales indígenas exige la renuncia o destitución del juez Orellana. El Departamento de Estado de Estados Unidos le incluyó desde 2023 en la Lista Engel, creada para sancionar a personas «corruptas y antidemocráticas» en Centroamérica.
Su papel como juez
La larga lista de resoluciones que muestran una tendencia del juez Orellana en su trabajo al frente del juzgado Séptimo es larga. A continuación, los principales casos en los que ha intervenido con resoluciones tendenciosas y dudosas:
- Es señalado como el principal «cómplice» y «aliado» de los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cynthia Monterroso. Sus casos siempre proceden y obtienen resultados favorables.
- Ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, así como los allanamientos a las sedes del TSE.
- Después de una investitación por parte del MP de apenas tres días, ordenó la captura de José Rubén Zamora. Luego inició la larga lista de violaciones a su derecho de defensa, al impedir que presentara «todas» las pruebas de descargo que propuso la defensa del periodista. En el mismo caso ordenó el procesamiento de la fiscal del MP –independiente– Samari Gómez.
- Ordenó la orden de extradición en contra del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, destituido por Porras por investigaciones sobre corrupción que pretendía llevar en contra de funcionarios de la actual administración del presidente Alejandro Giammattei.
- Es «amigo» de los abogados litigantes de la Fundación Contra el Terrorismo. Una foto suya, sosteniendo una pistola en compañía de de personajes de ese grupo ha sido publicada por medios de prensa y redes sociales.
- Ordenó el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Baudilio Hichos quien falleció en 2021.
- Emitió una orden de sobreseimiento del caso IGSS-Chiquimula, favoreciendo a varios políticos y personajes implicados en el caso.
- Favoreció al exdiputado Roberto Kestler, acusado de asociación ilícita en un caso de corrupción, para ser procesado solamente por tráfico de influencias.
- En la Lista Engel, Washington le señala de la siguiente manera: «Socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca». Esto ocurrió el 20 de julio pasado.
El caso de Miguel Martínez ocurrió en octubre pasado, cuando el personaje, considerado como el más influyente en la administración Giammattei, fue obligado a salir de Antigua junto con su familia, cuando fueron vistos participando en una celebración religiosa en la iglesia de La Merced.
El caso cobró notoriedad, como el de Orellana, porque los videos fueron profusamente enviados y reenviados en todas las redes sociales, en donde se manifiesta un repudio generalizado. Se considera que, en el marco de impunidad imperante, esto constituye el escarnio social de los personajes que forman parte de la «alianza oficialista».
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