José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
Dada la presencia, frecuencia y amplitud que alcanzan las opiniones personales disfrazadas de “análisis” –cuando se habla de política– quiero llamar la atención sobre la necesidad de un marco metodológico mínimo para el abordaje de la actual coyuntura en la que se ven involucrados el comisionado de la CICIG y el hasta ahora presidente, para trascender esa forma chata de ver un lío de cuchubal que puede resolverse mediante la intervención de alegres componedores en un diálogo que, de entrada, se manifiesta inviable por las implicaciones de lo que se debería negociar.
Del lado perverso del espectro, el problema se pretende reducir a un colombiano que se extralimita y abusa, contra un pobre mandatario que lucha por su autonomía y reivindica la soberanía nacional para los “suyos”. Se sabe que la realidad es muy distinta pero establezcamos las premisas metodológicas que permitirán un abordaje serio y que la luz de la verdad sea la que hable.
- Lo primero que debe entenderse es que el problema suscitado trasciende una pelea entre dos personajes (Iván y Jimmy). Existe una crisis de Estado con una historia del conflicto que demuestra el carácter sistémico y político de la disputa. La Plaza generó una serie de inquietudes ciudadanas que el Comisionado de la CICIG logró cristalizar y el consenso general es: Nunca más un Estado corrupto, así como lucha frontal y definitiva contra la impunidad. Esto provocó que los grandes bloques políticos, militares y empresariales mafiosos –con la “bendición” pentecostal–, se parapetaran detrás de un alicaído presidente que si bien no encarna ningún liderazgo, es lo único que tienen para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad[1]. Por el otro lado, una gran mayoría de la ciudadanía está consciente de que el retroceso que podría tenerse con la salida de CICIG seria de consecuencias nefastas e irreversibles[2], por lo que brinda su más irrestricto apoyo al Comisionado.
- Si bien los que propugnamos por la lucha frontal y definitiva contra la corrupción y la impunidad somos más, la alianza perversa no solo se ha ampliado sino que también se ha fortalecido. Cuentan con medios económicos y de propaganda[3], pero sobre todo, con un plan estructurado y previo, así como con la decisión furibunda de quienes se sienten acorralados y desesperados. La lucha por la justicia, la resignificación de la política y la construcción de un nuevo modelo de Estado basado en la transparencia, la ética pública, así como la ejecución eficaz y pertinente del erario, cuenta más con la voluntad política y la emoción de saberse en lo correcto, pero sin planes estructurados y una organización cívica que fortalezca una lucha de muy alto nivel.
- Hay coyunturas de largo aliento y ésta puede ser una de ellas. Se ha ganado una batalla formal pero la guerra sigue y con gran intensidad. Si bien el apoyo de la comunidad internacional abona en gran parte a la fortaleza de los aliados de CICIG, será el actor de siempre quien dirima el rumbo definitivo que solvente la crisis de Estado: USA.[4]
- Sectores antes unidos graníticamente ahora ya no lo están, como el caso del ejército y los empresarios, factor que operará en contra de la alianza perversa.
- El enfoque para el análisis debe ser histórico, estructural y sistémico. La corrupción es diseñada e implementada por el mundo privado, quien se sirve del Estado desde muchos años atrás[5], generando administradores del sistema que luego toman vida propia y se sublevan[6]. Las elites empresariales corruptas y nadie más, son las que politizan y sobornan al ejército, crean y patrocinan a la llamada “clase política”, financian las campañas electorales y colocan en los puestos públicos claves a sus intermediarios y testaferros.
- La de hoy, es por mucho, la batalla de las batallas. Si bien para Estados Unidos solo es un escollo a salvar para la implementación del Plan para la Prosperidad, para los guatemaltecos dignos es el “lapso coyuntural D”[7] que marca un antes y después en la construcción de futuro o el regreso a la barbarie de los setentas.
Se debe recordar además, que Jimmy no es pionero en esto de expulsar a la CICIG. Ya Otto Pérez lo había intentado desde 2014, pero cuando trataba de afinar la estrategia, le estalló La Plaza en abril de 2015. A partir de estas premisas metodológicas puede simplificarse el estudio y comprensión de la más toral de las coyunturas.
[1] Desde un inicio la lucha perversa se centró en la expulsión de la Comisión como tal, por lo que la salida de Velásquez solo era relevante en la medida que el paquete fuera completo.
[2] El retroceso no sería al 2014 como muchos piensan, sino mucho mayor, quizá nos situaría en los años setentas.
[3] Al respecto cabe resaltar la efectividad de la manipulada figura de la “ideologización” del problema, lo cual les ha hecho ganar incautos adeptos que antes no tenían. .
[4] Las directrices, seguramente, vendrán del más alto nivel (Rex Tillerson y John Kelly).
[5] Académicas como Marta Elena Casáus nos describen con detalle el papel de las elites familiares oligárquicas en el asalto del Estado para su propio beneficio desde el siglo XVII.
[6] Estas castas, otrora subalternas, logran su autonomía y se erigen en capital emergente y corrupto, creando una abigarrada “entente” de redes criminales que ya no responden a las cámaras empresariales sino a sus propios intereses ilícitos.
[7][7] A guisa del Día D de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.