Vimos en la saga del “general histriónico”, cómo el golpe de Estado del 31 de marzo de 1963 terminó con cualquier posibilidad democrática para corregir el rumbo de una Guatemala, agobiada por la crisis política, social y económica que dejó la intervención norteamericana de 1954 y el desgobierno Ydigorista (1958-1963). Pero cosas peores estaban por llegar al escenario de los años sesenta, pues el ascenso político del ejército[1] –gestado desde el gobierno de Arévalo– se consolida con el gobierno de facto del coronel golpista: Enrique Peralta Azurdia[2] , quien es el designado para crear las condiciones que posibilitaron –en 1966– el poco conocido pacto entre la cúpula militar de la época, los gobernantes legítimamente electos y el Secretario General del Partido Revolucionario.[3] Aunque algunos personajes han escrito sobre dicho “concordato”, pocos han ido a la fuente directa del documento, cuya lectura analítica permite dimensionar la gravedad de dicho acuerdo, así como las implicaciones futuras que tuvo.[4] Así mismo, el pacto debe analizarse a la luz del contexto geo-político de la época y no como un evento fortuito.
Lo primero que llama poderosamente la atención, es que el documento es suscrito por 18 personas, de las cuáles, 15 son militares y tan solo 3 son civiles. Otro elemento a destacar es el carácter confidencial que tuvo durante el llamado “Tercer Gobierno de la Revolución” (1966-1970), hasta que Enrique Peralta Azurdia acepta la existencia del mismo en 1973, no como un acto de transparencia sino por el señalamiento que hacían en torno a que, tal pacto, era imposición de Peralta, lo cual no le convenía por sus ambiciones políticas como pre candidato presidencial –ahora sí– dentro de la legalidad. La explicación del golpista fue que el Partido Revolucionario fue quien promovió la suscripción del documento, dado su temor a que la cúpula militar no les entregara el poder a los recién electos.[5] La respuesta del Lic. Carlos Sagastume Pérez, Secretario General del PR en esa fecha, no se hizo esperar y puso en entredicho la versión militar. Afirmó que el PR no había solicitado nada y que si algún miembro del partido hubiese hecho tal petición, lo habría hecho a título personal. Lo que si informaron Méndez Montenegro y Alberto Méndez al partido Revolucionario, es que Peralta Azurdia –en nombre del ejército– había presentado la exigencia de que se firmara tal condicionamiento, “…por existir dudas sobre la orientación política que pudiese sustentar el presidente electo. Se atribuían a éste tendencias extremistas y que suponía que al instalarse en el poder realizaría un programa radical, además de reprimir a los responsables del gobierno de facto, encabezado por el coronel Peralta”.[6] Vergonzoso que la institución armada –supuestamente supeditada al poder civil– exigiera la suscripción de este libelo, pero más vergonzoso que el partido Revolucionario encontrara atendible firmarlo.
El documento tenía alcances mayores que lo expuesto anteriormente, pues significó la sumisión del poder civil al militar, deviniendo en una guía de acción que permitió a los militares ampliar su dominio y control político-social, hasta el 14 de enero de 1986, fecha en la que se entregó la banda presidencial a Vinicio Cerezo, el cual, a falta de pacto, sufrió múltiples intentos de golpe de Estado, dos de los cuales, si fructificaron bajo la modalidad de “golpes de Estado técnicos” (mayo de 1988 y mayo de 1989). Continuará…
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
#NosDuelen56…
[1] Paradójicamente, el ejército es descrito en el artículo 244 de la Constitución Política de la República –CPRG– cómo: “… único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante”. La población guatemalteca conoce muy bien lo retórico de esa “apoliticidad”, la cual estaba consignada desde las constituciones de 1945, 1956 y 1965.
[2] Ya vimos que Peralta era el Ministro de la Defensa de Ydígoras, lo cual confirma la semántica tropical del término lealtad y la retórica ya mencionada. La parte final del artículo 244 de la actual CPRG recoge el espíritu civilista que viene desde la revolución de 1944.: “Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.”
[3] Los civiles eran, en su orden: Lic. Julio César Méndez Montenegro, presidente electo, Lic. Clemente Marroquín Rojas, vicepresidente electo y el bachiller Alberto Méndez Martínez, secretario general del PR.
[4] Este suceso marca –prácticamente– el modo de operar del Ejército frente al poder civil en los años siguientes.
[5] Diario La Tarde. 24 de agosto de 1973. Guatemala, No. 888, año 3.
[6] Diario La Hora, Guatemala, 30 de agosto de 1973. No está indicar que Peralta solo da a conocer la existencia del Pacto, no así los firmantes del mismo.