El balance político 2017
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
En diversos artículos e intervenciones he afirmado lo que ahora es una verdad conocida e irrefutable: el pacto de corruptos se amplió, se hizo más fuerte y lo más importante para Jimmy: lo sacó del ojo del huracán, deteniendo su caída libre pero no así su deterioro. Pero la crisis va mucho más allá del desprestigio del que debió gobernar y apenas atina a llamar la atención por sus ocurrencias, falencias y graves metidas de pata. Un gabinete cuyos esfuerzos no son coordinados sino más bien orientados a la promoción personal, la opacidad y en muchos casos, a la corrupción descarada. La falta de capacidad e idoneidad de ministros y viceministros se refleja en la poca o nula ejecución y en las constantes burlas de la población, quienes sabedores de las pocas luces, ya ni siquiera señalan sino se limitan al recurso de la risa como medio de evasión ante la grima que causa. Al margen del carácter espurio, desfinanciado y clientelar del proyecto de presupuesto 2018, el fracaso para aprobarlo terminó de sellar la incapacidad política del “presidente” y su equipo de trabajo. Lo único que mantiene a Jimmy Morales, es la alianza perversa que reúne a “empresaurios”, representantes de la vieja y “nueva” política (igual de ilegítimos y corruptos), alcaldes ligados a todo tipo de negocios ilícitos, contratistas y financistas relacionados con el FCN, militares de línea dura (viejos y nuevos) y un Arzú que se puso al frente para rescatarlo y rescatarse a sí mismo.
Un Organismo Legislativo que, sin lugar a la menor duda, es el peor de la historia, no solo por la escasa producción de iniciativas sino –fundamentalmente– por las vergonzosas actitudes dentro y fuera del hemiciclo, así como lo descarado de sus acciones y componendas harto conocidas por la ciudadanía. Un primer período en la presidencia del Congreso, de un Mario Taracena que jugó a ser un “nuevo bueno” cuando sabe perfectamente que en este paisaje (con ínfulas de país) nos conocemos todos. Pero este año la debacle fue mayor, una gestión anodina de Oscar Chichilla que refleja la misma incapacidad y falta de idoneidad (no digamos liderazgo) de prácticamente todo el funcionariado público de este desgobierno. Nada nuevo podrán decir algunos, pero el descaro en las acciones de septiembre es un fiel testimonio del deterioro moral del organismo (el deterioro político ya viene de antes)[1].
El tercer organismo del Estado, si bien es el menos expuesto mediáticamente, evidencia –periódica y expresamente– un grado de deterioro producto del daño que hizo la alianza PP-Líder. Para nadie es un secreto la forma en que se integró la Corte Suprema de Justicia y cómo la permanencia de muchos jueces y magistrados proclives al prevaricato, el retardo malicioso y la franca componenda corrupta, nos recuerdan la urgente necesidad de depurar el Organismo Judicial.
La alianza CICIG-MP se ha debilitado y ahora las baterías de concentran en la madre de las disputas: El Fiscal del Ministerio Público. Si bien la popularidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad se mantiene en número altos, no puede soslayarse el hecho de que bajó varios puntos ante la campaña de desinformación que el Pacto de Corruptos ha sabido coordinar desde el Mariscal Zavala, Casa Presidencial, “Tu Muni” y otros centros adláteres que ejecutan la planificación político militar que los aparatos de inteligencia (estatales y paraestatales) diseñaron con abundante financiamiento ilícito.
La Institucionalidad Autónoma del Estado tiene 4 protagonistas principales: PDH, PGN, CGC Y USAC. El rector ha quedado en deuda y ni siquiera la proximidad de las elecciones le ha permitido un papel relevante (salvo la convocatoria del 20S). Una Anabela Morfín que dio muestras de autonomía haciendo cuerpo con la Contraloría General de Cuentas, MP y PDH, pero que pronto se diluyó en el mar de la subalternidad hacia el Ejecutivo. Un contralor que aparece cual cometa, solo después que la presión mediática y ciudadana se lo demanda. Queda Jordán Rodas que recién asumió el 20 de agosto y que a solo cuatro días ya se había posicionado, evidenciado un nuevo liderazgo que se mantiene sólido hasta el momento y como única luz dentro de la institucionalidad. Una sorpresa positiva este nuevo Procurador cuyo ritmo de denuncia y acompañamiento no tiene parangón.
¿USA? A cargo. ¿La Plaza? Diluida como pasó en 2015. Las reformas gatopardistas vuelven a funcionar como anzuelo.
[1] Septiembre fue el inicio de la consolidación del Pacto de Corruptos y del descaro total.