A través de un comunicado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se pronunció tras la aprobación de las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado por parte del Congreso de la República.
De acuerdo con esa institución, luego de realizar un análisis a esos cambios realizados por los diputados, “recomendamos al presidente Alejandro Giammattei vetarlo por contener disposiciones que abren espacios para abusos y corrupción, y son contrarias a los esfuerzos por la formalización económica”, indica.
En el comunicado, el ICEFI expone que la reforma al artículo, la cual eleva los montos límite para la modalidad de Compra de baja cuantía de Q25,000.00 a Q100,000.00, y para la modalidad de Compra directa de Q90,000.00 a Q200,000.00, tendrá efectos perjudiciales.
“Los estudios y análisis del instituto sobre la corrupción en el norte de Centroamérica, muestran que las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente de fraudes, y dentro de estos, destacan el abuso de mecanismos opacos, poco competitivos y poco controlados como la compra de baja cuantía, especialmente cuando se fraccionan compras y contrataciones con la intención de evadir los controles que aplican a las otras modalidades de adquisición pública establecidas en la LCE. La reforma aprobada facilita estos abusos y dificulta el trabajo de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar estas operaciones”, afirma.
Asimismo, ve con preocupación los argumentos de los ponentes y defensores de la reforma. “La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), sostiene que muchas municipalidades tienen dificultades para cumplir con los requisitos y controles que la Ley de Contrataciones establece para las modalidades competitivas y transparentes, como la cotización pública, la licitación pública, el contrato abierto o la subasta electrónica inversa, y que por ello era conveniente elevar el límite de las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa”.
El Icefi considera, además, que este argumento es contrario a la obligación de que entidades estatales adquirientes, y proveedores y contratistas privados mejoren y desarrollen capacidades para cumplir con requisitos mínimos de transparencia como la oferta electrónica, una medida importante para transparentar las adquisiciones públicas.
“El Instituto lamenta que la reforma aprobada es un claro retroceso en estos esfuerzos”, puntualiza.
Por último, advierte que además de ampliar los espacios para el abuso y la corrupción, y de constituir un retroceso en los esfuerzos por modernizar y transparentar las adquisiciones públicas. ”La reforma tiene efectos negativos en otros campos de la política fiscal como la tributación. Uno de los objetivos explícitos es permitir que proveedores y contratistas no estén obligados a emitir factura electrónica por operaciones en compra de baja cuantía por montos mayores lo cual, a criterio del Instituto, es contraproducente por ir en sentido contrario a los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por generalizar el uso de la factura electrónica, como mecanismo de formalización económica y de regularización tributaria”.