HRW califica de «retroceso democrático» la polémica designación de un juez constitucional en Guatemala

Tras la polémica designación del juez Mynor Moto como juez del Tribunal Constitucional de Guatemala, Human Rights Watch (HRW) considera que esta supone «un retroceso democrático en el país».

Así lo aseguró el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien denunció que «el Congreso tiene en la mira al Tribunal Constitucional por luchar contra la corrupción y anoche logró aprobar a uno de los suyos como magistrado».

A través de su cuenta de Twitter, lamentó que esta acción supone «un retroceso más para la democracia guatemalteca».

Estados Unidos

La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, y la sociedad civil también ha levantado las alarmas ante la aprobación de Moto para ocupar un asiento en el Tribunal constitucional.

  • El martes por la noche, con el voto de 82 diputados, el Congreso aprobó la investidura de Moto en el cargo, con una mayoría oficialista y aliados del presidente, Alejandro Giammattei, a pesar de que el mismo proceso había sido suspendido horas antes por el mismo Tribunal Constitucional tras un amparo presentado por un ciudadano particular que cuestionaba la transparencia y legalidad del nombramiento de Moto.
  • Además, el Tribunal Constitucional ha confirmado que están en trámite otros 12 recursos legales relacionados con la irregularidad que supondría el juramento de Moto en el cargo, tal y como recoge ‘Prensa Libre’.

Delitos vinculados con Moto

Moto está vinculado, según la Fiscalía, con el caso ‘Comisiones Paralelas 2020’, una investigación que el año pasado puso de manifiesto los intereses de varios políticos y jueces por controlar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Después de que la plaza que ahora ocupa quedara vacante tras la muerte del juez Bonerge Mejía a causa de la COVID-19, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió a Moto frente al exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Gálvez.

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Moto solo ocuparía el cargo hasta abril, el plazo previsto que ocupara su antecesor, cuando están programadas elecciones para el Tribunal Constitucional.

Unos comicios, junto con las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia –detenido desde 2019–, que se perfilan clave para la lucha anticorrupción en el país centroamericano, en el que tres de los últimos cinco presidente han sido enviados a prisión por corrupción.

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