La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que miles de migrantes han sido víctimas de la violencia y los abusos en la frontera entre México y Estados Unidos después de ser deportados por la Administración del expresidente Donald Trump.
En un comunicado, la organización ha señalado que un gran número de ellos han sufrido extorsiones y secuestros a manos de grupos criminales mexicanos desde enero de 2019, cuando Estados Unidos hizo efectivo el cierre de la frontera sur a los solicitantes de asilo.
El Gobierno de Trump, en el marco del programa Quédate en México, envió a más de 71,000 solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas en Estados Unidos. Asimismo, desde marzo de 2020, fueron expulsados más de 400,000 migrantes, muchos de ellos mexicanos, muchos de los cuales buscaban protección internacional.
Según HRW, estas últimas expulsiones se realizaron en el marco de las restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del coronavirus en plena pandemia.
Muchos de los migrantes han revelado a la ONG que temían denunciar los abusos sufridos en México a las autoridades y que, a menudo, no lograban tramitar los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médico o enviar a sus hijos al colegio.
Casi la mitad de los solicitantes de asilo afectados por el programa Quédate en México perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias en Estados Unidos. Muchos de ellos habrían sido trasladados al sur del país por las autoridades mexicanas, por lo que se encontraban a kilómetros de distancia del lugar donde habían sido citados.
«Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México», lamentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Así, ha especificado que ante los pasos «positivos» que está dando el actual presidente, Joe Biden, para revertir algunas de las políticas migratorias «más abusivas» de la Administración Trump, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador «tiene más difícil mirar para otro lado mientras se cometen estos abusos».
En este sentido, la organización ha instado a Biden a garantizar que los planes para eliminar el polémico programa incluyen a los solicitantes de asilo cuyos casos ya fueron desechados «injustamente» mientras estaban en México.
Por su parte, López Obrador debe «cerciorarse de que los solicitante de asilo que siguen a la espera en México puedan trabajar y tener acceso a atención sanitaria y educativa», al tiempo que se lleva ante la Justicia a todos aquellos que cometan delitos contra migrantes, incluidos policías y agentes de migración.
Cambios en la política estadounidense
Desde que asumió el poder, el presidente Biden ha suspendido la inclusión de nuevos casos en Quédate en México –conocido formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (o MPP)– y ha permitido que los 25.000 solicitantes de asilo que pudieron acudir a sus citas ante los tribunales tengan fecha de ingreso en el país norteamericano.
Este es, según HRW, un paso positivo que permitirá que Estados Unidos vuelva a cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, el Gobierno de Biden sigue invocando «dudosos motivos de salud pública para expulsar a solicitantes de asilo que llegan a la frontera y no ha tomado ninguna medida para solucionar la situación de los 30.000 individuos a quienes les rechazaron sus solicitudes de asilo injustamente tras ser enviados a México», alertó la ONG.
Muchos de los migrantes entrevistados por la organización han asegurado que han huido de sus países debido a la persecución política, la tortura y el acoso. Dichos relatos serían consistentes con anteriores investigaciones realizadas por HRW, que han servido para documentar, entre otras cuestiones, las medidas de represión del Gobierno de Nicolás Maduro contra disidentes.
Tal y como ha asegurado HRW, la mayoría de migrantes que dice haber sufrido abusos ha subrayado que el motivo de la violencia era, precisamente, su condición de migrantes.