Luis F. Linares López
Ni corruptos ni ladrones fue el lema que llevó a muchos guatemaltecos a dar su voto por Jimmy Morales. A casi ocho meses de gobierno, son pocas las acciones que ponen en evidencia un compromiso real y efectivo por la probidad, la transparencia y el combate a la corrupción. Si bien los casos que implican a funcionarios de gobiernos anteriores están a cargo del MP, la CICIG y los tribunales de justicia, el Organismo Ejecutivo debe demostrar voluntad de lucha contra la corrupción y que está decidido a erradicar las prácticas que alcanzaron niveles escandalosos durante el nefasto gobierno de Pérez Molina.
Resultan desalentadoras ciertas expresiones del presidente, como cuando le preguntan sobre designaciones de familiares en ciertas dependencias y el desvía el tema hacia el funcionario que hizo los nombramientos. También provocan enorme inquietud los señalamientos que se hacen contra funcionarios de diversos niveles, en las redes sociales y en espacios como El Peladero, después de que se ha comprobado que muchos de los casos que reiteradamente mencionara ese espacio tenían fundamento y ahora los implicados están sujetos a procesos penales.
Me parece que tanto en el Ejecutivo como, especialmente, en el Congreso, con esto de la lucha contra la corrupción están en una especie de tanteo con la opinión pública, para ver qué tanto aguanta, a partir de que se sigue dando el beneficio de la duda y los procesos penales contra la Línea, Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado y otros, no solo mantienen la expectativa de que se impongan castigos ejemplares, sino que, al final, absorben la atención del gran público, mientras otros pueden andar en la pepena.
Una primera gran muestra de compromiso con la transparencia sería enviar al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, para quitarle la garantía de confidencialidad a la declaración patrimonial. Otra es poner un plazo perentorio para que toda la información pública de oficio, señalada en la Ley de Acceso a la Información, sea colocada en las portales web de las entidades del Ejecutivo, y enviar una propuesta para reformar el Artículo 10 de esa ley, que da la opción de ponerla a disposición de manera directa —lo que nunca sucede— o colocarla en los portales.
Siendo evidente que un efectivo disuasivo contra el saqueo descarado de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos es la imposición de condenas severas, que tengan un efecto ejemplarizante, una de las primeras tareas que debió realizar el nuevo gobierno es elaborar una iniciativa de ley para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la administración pública, elevando todos ellos a una duración que no admita la conmutación, e indicando que las condenas no serán reducidas en ningún caso ni por ningún motivo.
La prisión, de acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución, debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos. Respetando las normas mínimas que establece dicho artículo, y partiendo de que toda regla tiene su excepción, en el caso de los que establecen redes criminales para enriquecerse en perjuicio de todos los guatemaltecos, no nos debe importar ni necesitamos su reinserción a la sociedad. La condena social debe ser permanente e implacable.
En el caso de los delitos contra la administración pública, tampoco deben permitirse medidas sustitutivas. Es parte del castigo que, una vez sometidos a proceso, se les separe de la sociedad y comiencen a pagar los elotes que se comieron. Nuevamente el principio general de la excepcionalidad de la prisión preventiva admite, valga la redundancia, la excepción. Como también debe darse en los casos de violadores, de extorsionadores, narcotraficantes, sicarios y pandilleros asesinos que son, prácticamente, irredimibles.
Por lo anterior, es preocupante, y genera amplio rechazo expresado de múltiples formas, la propuesta de un diputado de reducir a la mitad, en una tercera o en una cuarta parte, según el caso, las condenas de los que admitan culpa. Como la ley es retroactiva cuando favorece al reo y si el beneficio se extiende a cualquier delito, esto puede ser aprovechado por los corruptos sometidos a proceso. Es un pobre pretexto el hacinamiento de las cárceles. A otro perro con ese hueso. Solamente falta que propongan que los tribunales no emitan condenas o que la policía deje de capturar sospechosos.
Solamente falta que propongan que los tribunales no emitan condenas o que la policía deje de capturar sospechosos.