Danilo Arbilla
Nicolás Maduro podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz por haber contado bien los votos en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Eso es lo que le falta proponer al populismo neoprogresista hemisférico que ha transformado al presidente venezolano y al régimen chavista en emblemas de la democracia por no haber hecho fraude; por lo menos en las instancia del conteo de los votos.
No sería muy extraño si así ocurriera. En definitiva, en su momento también fueron candidatos Mussolini, Hi-tler, Stalin y Fidel Castro. La Academia Sueca, además, más de una vez ha tomado decisiones que llaman la atención. Por citar un caso, el premio al presidente Obama al inicio de su gestión. No hay que descartar, incluso, que consideren dárselo a las FARC, por su continuo esfuerzo pacifista y su lucha de más de medio siglo por la vida, la legalidad y la no violencia. Que nadie se extrañe, puede suceder.
En el caso de Maduro hay algunas dudas previas: ¿los habrá contado bien?, ¿no habrán quedado por el camino algunos votos más a favor de la oposición?, ¿el mérito es de Maduro y su representante en la Corte Electoral, o de los militares que advirtieron que no estaban dispuestos a aceptar “nada raro”?
De cualquier forma, hay que inclinarse ante la habilidad de los hacedores del “relato” neoprogresista. Hasta el flamante presidente argentino, Mauricio Macri, habría decidido no plantear en el Mercosur la suspensión de Venezuela por no cumplir con la cláusula democrática.
Y solo porque esta vez y en esa específica instancia no le habrían dejado hacer trampas, aparentemente.
¿Y qué se hace con los presos políticos, las proscripciones, el uso de los dineros públicos y del poder del Estado a favor del chavismo, la falta de libertad de prensa, la persecución de periodistas y medios independientes, la falta de investigación de asesinatos de los que se acusa a fuerzas del gobierno y grupos de choque chavistas y la inexistencia de un Poder Judicial autónomo, profesional e independiente?
¿Nada de todo eso tiene que ver con la democracia, con la vigencia real de un régimen democrático-republicano?
Hay que sacarles el sombrero, son hábiles.
Cristina Kirchner, quien ha pedido una custodia permanente de 50 hombres, (¿qué hizo, que se llevó para tener tanto miedo?), antes de irse trató por todos los medios de amargarle y sabotearle la presidencia a Macri, hasta el último minuto de su mandato, e incluso pretendió hacerlo hasta unas doce horas después, con base en una interpretación de su escribano de Gobierno. No lo pudo lograr, pero se requirió un dictamen de la justicia para frenarla. Esta vez la expresidenta, ella que durante su mandato no cumplió muchas decisiones judiciales que no le gustaban, tuvo que aceptarlo y dejar de entrometerse e irse cuando correspondía.
Voceros autorizados del kirchnerismo calificaron esa acción judicial de “golpe de Estado”.
Norma del “ relato” es no quedarse en pequeñeces.
Así que ahora, según el relato neoprogresista, Maduro es el gran adalid de la democracia, mientras que Macri asumió el poder y recibió el bastón de mando en la Casa Rosada mediante un “golpe de Estado”. Y eso que lo hizo de acuerdo con la tradición y en cumplimiento del mandato ciudadano.
Y sigue y suma. En estos días el inefable Luiz Inácio Lula Da Silva, quien está convocado por la justicia para declarar en relación con algunos negocios de uno de sus hijos, que es millonario, calificó de “venganza” al proceso legislativo para una eventual destitución de la presidenta Dilma Rousseff. No tomó en cuenta que los legisladores, democrática y legítimamente electos, se fundamentan en una investigación judicial por corrupción. Para Lula, eso carece de base legal y jurídica y no tiene sentido. Puede sí que no tenga sentido para los intereses de Lula y de su Partido de los Trabajadores, varios de cuyos mayores e históricos dirigentes están acusados y presos por corrupción.
Ahora se trata de un caso de uso de dinero público para asegurarse la continuidad en el poder. ¿Qué es lo que debería hacerse para que tenga fundamento legal y jurídico?
Por supuesto, Lula y el PT hablan de “golpe de Estado” constitucional, o algo así. Tal cual lo impone el “relato”.
¿Y qué se hace con los presos políticos, las proscripciones, el uso de los dineros públicos y del poder del Estado a favor del chavismo, la falta de libertad de prensa…?