Unos 8 millones de guatemaltecos fueron llamados a dirimir este domingo entre la socialdemócrata Sandra Torres y el conservador Alejandro Giammattei la presidencia de un país jaqueado por la violencia, corrupción y pobreza que fuerzan a emigrar a Estados Unidos.
Torres ganó la primera vuelta pero una encuesta divulgada el jueves mostró que Giammattei llega como favorito a suceder al presidente Jimmy Morales quien en enero cierra un mandato de cuatro años manchado por escándalos.
Los dos candidatos centran sus promesas en el combate a la pobreza, que afecta a casi el 60% de los 17.7 millones de guatemaltecos, mejorar la salud y la educación, y luchar contra la corrupción y la violencia criminal.
De 63 años, Giammattei por cuarta vez busca la presidencia, mientras que Torres, también de 63, hace su segundo intento luego que en 2015 perdió contra Morales, un excomediante de televisión que ganó tras la renuncia del expresidente Otto Pérez derribado por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas.
Para reducir la pobreza proponen generar miles de empleos para reactivar la economía y mejorar la seguridad con un incremento de policías para contener el masivo flujo de la migración a población que huye de la miseria y la violencia, pero sin definir cómo harán para lograrlo.
No obstante, los dos políticos han evitado hablar abiertamente sobre un acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para convertir a esta nación en un tercer país seguro, lo que implica recibir a migrantes que pidan asilo en Norteamérica mientras definen su situación.
Promesas y desconfianza
«Queremos que se elimine la delincuencia y la extorsión y que haya un gobierno que sepa llevar el país», dijo a la AFP Santiago, un anciano carpintero en el poblado indígena de Sumpango, al oeste de la capital.
El hombre señaló, mientras armaba una mesa de madera, que han perdido la confianza en los políticos por las promesas incumplidas como generar empleo y atacar la pobreza que afecta a 6 de cada 10 guatemaltecos.
Paradójicamente, Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1% y para este año la Cepal tiene una proyección de 2.9%.
«Lo que prometen deben cumplirlo, no importa quien sea» el que gane, apuntó Santiago.
Otro flagelo a vencer es la desnutrición crónica del 46% de los menores de cinco años; el índice más alto de Latinoamérica.
Aunque ambos buscar frenar el éxodo a Estados Unidos, un motor fundamental de la economía guatemalteca son las remesas de sus migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9,300 millones de dólares, cifra cercanas a las exportaciones que sumaron unos 10,500 millones de dólares.
Cifras oficiales estiman que alrededor de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300 mil y 400 mil tienen residencia legal.
Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.
«Hay mucha gente que emigra por lo mismo, porque no hay oportunidad de empleo. Hay muchos que están graduados a nivel medio y universitarios y no hay oportunidades», dijo Leticia Gallina, una maestra de 40 años en el mercado de Sumpango.
El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y generó multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.
Tambaleante lucha anticorrupción
En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Pérez por casos impulsados por la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Ambos aspirantes a presidencia descartaron la continuidad del ente que funcionaba desde 2007 y en cambio proponen crear fiscalías especiales con apoyo internacional.
Pero analistas y opositores dicen que esas promesas son vagas y dudan de sus compromisos contra la corrupción por cuando los dos candidatos fueron cuestionados y acusados por la Cicig.