Guatemala rechaza extradición de hermanos Martinelli a Panamá

El Ministerio Público (MP) rechazó solicitud de extradición de los hermanos Martinelli realizada por Panamá. Ese país requirió que ambos fueran entregados por el presunto desfalco de US$78 millones relacionados al caso denominado Blue Apple.

El MP indicó que por “preeminencia” se atiende la solicitud que ingresa primero, en este caso de la justicia de Estados Unidos por una investigación vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.

El rechazo de la solicitud obedece a que Estados Unidos tiene prioridad al haber solicitado la extradición con anterioridad y, de igual forma, Guatemala y Panamá no tienen convenios de extradición.

Los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban viajar a Panamá, en un avión privado, tras casi un año en paradero desconocido.

La aprehensión se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y desde entonces los hermanos se encuentran en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, al noreste de Ciudad de Guatemala, a la espera de que se completen sus procesos de extradición a la nación norteamericana.

En el caso de Luis Enrique, su traslado a Estados Unidos fue ordenado el pasado 25 de mayo por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que la Cancillería se encuentra gestionando los detalles finales de su extradición.

Con respecto a Ricardo Alberto, aún está pendiente de que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal resuelva si concede la extradición o no, pues existen pendientes otros recursos planteados por su defensa ante una Sala de Apelaciones.

La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos nace del supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre, en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

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