El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea toma declaración este miércoles a Francesc Xavier Tauler y a José Jiménez Molina, dos investigados en ‘Pit’, la pieza separada número 4 de ‘Tándem’ que investiga un proyecto del comisario José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.
Ambos estaban citados en un principio para el pasado 27 de octubre, pero el Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó aplazar las declaraciones por motivos de agenda para fijarlas finalmente para este miércoles.
Tauler, ex consejero delegado de Copisa Guatemala Constructora, fue imputado por el presunto pago de una comisión de 30 millones de dólares para la concesión de un contrato al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como a los directivos de la autoridad adjudicataria, la Empresa Portuaria Quetzal-EPQ.
En un auto, el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, detalló la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala, indicando que, mediante mordidas, se habría buscado «eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación».
En el centro de la operación el magistrado situó a Tauler, que en la fecha de los hechos «era el presidente del Consejo de Administración de COPISA». Precisamente, TCQ habría contratado a COPISA Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.
Por su parte, Jiménez Molina fue citado como investigado en la causa por un presunto delito de cohecho internacional. De acuerdo con el relato judicial, Jiménez Molina habría hecho las veces de intermediario en el «pacto de apoyo económico» al que Ángel Pérez Maura habría llegado con uno de los implicados en la operación, Juan José Suárez Messeguer.
El origen del PIT
Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura en el año 2016 acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de la nación centroamericana, incluidos Pérez Molina y Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
Según los investigadores, en abril de aquel año los Pérez Maura recurrieron a un abogado de su confianza, Enrique Maestre, para que intentase buscar una solución. Él acudió a Adrián De La Joya, ya conocido en la Audiencia Nacional por su imputación en ‘Lezo’.
La causa abierta en la Audiencia Nacional en 2016 se archivó en dos ocasiones porque Guatemala no remitía los papeles necesarios para cursar la entrega de Pérez Maura. En este sentido, el instructor resaltó en un auto que De la Joya ostentó «un papel fundamental en la trama internacional tendente a evitar la entrega» y «muy especialmente para evitar el proceso penal en Guatemala, destacando su papel con personas arraigadas en los Estados Unidos».
El procedimiento se reabrió definitivamente en 2018, cuando Pérez Maura se negó a ser extraditado y la Audiencia Nacional dictó una resolución por la que rechazaba entregarle a Guatemala, dada su condición de ciudadano español, aunque abría la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
La causa abierta en Guatemala
El pasado mes de abril, García-Castellón decidió asumir la causa dirigida en Guatemala contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
No obstante, las pesquisas en España se centran en los 7,4 millones de euros que las empresas de Villarejo y su socio, Rafael Redondo, se habrían embolsado a cambio de los «ilícitos servicios contratados».
De acuerdo con el magistrado, después ese dinero se distribuyó «para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto ‘Pit’, para el mantenimiento de la estructura societaria investigada (…) o para realizar transferencias a otras cuentas de las mismas sociedades y otras cuyo titular real es Villarejo».
La Fiscalía Anticorrupción, que se ha hecho cargo tanto de esta causa como de la abierta en Guatemala, aprecia en esta supuesta operativa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.