Desde hoy Guatemala ya puede empezar los preparativos para realizar la Consulta Popular que debe avalar o rechazar si se lleva ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, Holanda, el diferendo territorial con Belice que ya lleva 157 años.
El protocolo aprobado por el Congreso y que da luz verde a la consulta fue publicado ayer en el Diario de Centroamérica, pero entró en vigencia hoy.
El decreto legislativo faculta al Ejecutivo para que pueda realizar las gestiones que tiendan a resolver el añejo litigio territorial.
La disputa tiene sus orígenes en 1859, cuando Guatemala cede a la Gran Bretaña una porción de territorio a cambio de una carretera que nunca se construyó.
El 8 de diciembre de 2008 Guatemala y Belice, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegaron a un Acuerdo Especial para someter el diferendo ante la CIJ.
En el acuerdo quedó establecido que ambas naciones celebrarían de forma simultánea una consulta popular el 6 de octubre de 2013, pero esto no ocurrió.
Debido a ello en mayo de 2015, ambas naciones, de muto acuerdo, modificaron ese punto y determinaron que las consultas populares se llevarán a cabo de forma simultánea o separada, en las fechas más convenientes para las partes. Esto fue ratificado por el Congreso guatemalteco y esa decisión política es la que entró en vigencia hoy.
Guatemala reclama 11 mil 13 kilómetros de territorio más las islas adyacentes, salvo Cayo San Jorge. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, ha dicho que para el gobierno la resolución del diferendo es una prioridad.