Grupo de oposición en el Congreso presentará acción en contra del Presupuesto 2022

El denominado Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), anunció que presentará las acciones legales correspondientes, si el Presupuesto General de la Nación para el 2022 se aprueba tal y como lo presentó la Comisión de Finanzas y Moneda, en donde se contempla un techo de Q. 105.93 millardos.

El diputado Carlos Barreda señaló que están cuestionando la asignación de casi Q1 millardo más a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en donde más de 20 de ellas podrían tener una vinculación con funcionarios públicos.

El diputado indicó que esta asignación planteada en el Proyecto de Presupuesto 2022 pareciera que son “pagos de favores políticos o pagos de votos en el Congreso de la República”.

Según el parlamentario, también hay ONG que tienen vinculaciones con diputados quienes no tienen la experiencia para recibir estas asignaciones.

Además, Barreda expuso que en el Presupuesto también asignaron más de Q200 millones al Congreso para “contratar más personal, para pagar más alimentación, esto no tiene sentido que reciba un incremento cuando hay un exceso de nómina especialmente de 011”.

Dictamen favorable

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Presupuesto 2022 el cual fija un techo de Q105.93 millardos, proyecto que será trasladado al Legislativo para su aprobación.

Los recursos adicionales se destinarán, según argumentaron, a los programas de alimentación escolar; de atención del COVID-19; adulto mayor, la construcción de los hospitales de Coatepeque y de Retalhuleu; aportes a Organizaciones No Gubernamentales y a fortalecer la gestión administrativa del Congreso.

En el Artículo 23 del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que el Organismo Ejecutivo presentará el Proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la República.

El Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su inciso b refiere que el Congreso debe aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, plazo que vence el 30 de noviembre próximo.