Las delegaciones del Gobierno y la oposición de Venezuela anunciado los dos primeros acuerdos alcanzados durante las conversaciones del pasado fin de semana en México, la defensa de la soberanía la región de Esequibo, que se disputa con Guyana, y dar prioridad a la lucha contra la pandemia.
En lo que respecta a este territorio, Gobierno y oposición ratifican «los derechos históricos e inalienables» de Venezuela sobre el mismo y su desacuerdo con el Tribunal Internacional de Justicia de «atribuirse jurisdicción» para dirimir la legalidad del Laudo Arbitral de 1899 que concedió Esequibo al entonces imperio británico, una decisión que Venezuela rechaza desde entonces.
A su vez, han solicitado al Gobierno de Guyana que retome las negociaciones políticas con Venezuela «con el fin de alcanzar un acuerdo práctico y mutuamente satisfactorio», en base al Derecho Internacional y al acuerdo firmado en 1966 en Ginebra con Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana.
Pandemia
Por otro lado, «las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por la COVID-19″, señalan ambas partes en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, país que actúa como intermediario.
En ese texto se avanza que el primer punto a tratar durante el próximo encuentro está relacionado con el «respeto del Estado Constitucional de Derecho», poniendo especial énfasis «en el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución».
Según ha adelantado Jorge Rodríguez, el principal representante del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, en estos diálogos, el siguiente encuentro tendrá lugar nuevamente en Ciudad de México el próximo 24 de septiembre.
Durante ese fin de semana está previsto, tal y como han explicado ambas partes, que se discuta sobre protección de la economía venezolana, así como otras medidas de protección social, entre ellas, los Derechos Especiales de Giro, dispuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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