Gloria Patricia Porras Escobar salió de Guatemala rumbo a Estados Unidos la noche del martes 13 de abril, mismo día en que el Congreso de la República no la juramentara para un tercer período como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Pese a que Porras Escobar fue designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para integrar de nueva cuenta la máxima corte del país, el Legislativo tomó en consideración un amparo provisional otorgado en contra del CSU.
Horas después de lo ocurrido en el Palacio Legislativo, donde no tomó el juramento para el nuevo periodo 2021-2026, la togada salió de Guatemala.
El medio de comunicación El Faro entrevistó a Porras Escobar la tarde del pasado domingo 18 de abril, a las afueras de Washington D.C., donde la exmagistrada aseguró que diez días antes de finalizar su segundo período en la CC le habían llegado rumores de la “maniobra” en su contra, que denuncia como “una violación del estado de derecho”.
“Desde días antes tenía, de manera no oficial, información de que no iba a ser juramentada, así que decidí, en lo que se resuelve esta situación, atender compromisos académicos que había adquirido pero no estaba fechados. Estoy aquí invitada por el Colegio de Abogados para dar algunas entrevistas y conferencias sobre Estado de Derecho, un tema ineludible tras mí no juramentación. También voy a aprovechar para reunirme con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque gozo de medidas cautelares y quiero analizar mi situación”, expresó.
Además, añadió que “es un agravio a la democracia y todos y cada uno de los ciudadanos del país deben sentirse ofendidos”, dijo. Además, insinuó que solo la presión ciudadana y de organizaciones de sociedad civil puede revertir la situación.
Respecto a si ha recibido amenazas de alguna persona o sector del país, la togada no quiso mencionar nombres. “Debo ceñirme a cierta ética como juez y tampoco quiero generar en mi país una nueva razón para la confrontación o entrar en dimes y diretes. Pero solo tiene que revisar los discursos de los distintos actores políticos. Sus exposiciones son públicas. Vea la exposición que se hizo el día 13 justo antes de la juramentación de magistrados. Yo diría que es un material importante que se debe revisar e interpretar. Cada línea de ese discurso se está refiriendo a una sentencia con la que no han estado de acuerdo. Yo, como jueza, obviamente escuché la argumentación, y me parece que cada frase se refería a una de las sentencias que se ha dictado durante los dos últimos años”, aseguró.
Este fin de semana, en Guatemala se publicó una carta abierta con 250 firmas, entre exfuncionarios públicos, intelectuales y un centenar de organizaciones de defensa de derechos humanos. La carta califica de “acto ilegal” y “asalto a la Corte de Constitucionalidad” lo sucedido el pasado martes.
Es de mencionar que la nueva CC tendrá que resolver entre otros asuntos la legalidad de ciertas concesiones de minería o explotación hidroeléctrica ahora detenidas; decenas de denuncias contra jueces considerados independientes; o el amparo contra una ley aprobada a inicios de 2020 que da al Ejecutivo amplios poderes para limitar el financiamiento a organizaciones de sociedad civil o ilegalizarlas por razones “de orden público” sin autorización de un juez.