Un juzgado ha emitido la orden de captura contra el diputado Luis Rabbé, –quien quedó sin inmunidad el pasado 18 de agosto–, para que responda ante la justicia por los supuestos delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción que habría cometido mientras fue dirigente parlamentario en 2015-2016.
El Ministerio Público confirmó la información en su cuenta de Twiter, plataforma donde también informó que ya se gestiona la orden de aprehensión con la INTERPOL y así dar con su paradero. Desde hace semanas se conocía que pudo haber viajado a México, sin embargo, en días posteriores fue fotografiado en Nicaragua. El Congreso le ha negado varios permisos con la amenaza que regrese al país o de lo contrario lo desaforarán. En su defensa Rabbé ha calificado el caso como una persecución política.
Luis Rabbé no tenía orden de captura internacional el día que quedó sin inmunidad, pero a partir de ahora ya debe presentarse ante los tribunales competentes para que se le de a conocer los motivos por los cuales se le pretende abrir un proceso penal. El diputado mencionado, logró su reelección en 2015 con la bancada LIDER, pero se cambió a la agrupación de Alianza Ciudadana, en su año como dirigente parlamentario fue muy cuestionado porque habría impulsado entrampar la agenda legislativa para privilegiar intereses del Partido Patriota y LIDER.
En el caso conocido como Plazas Fantasmas además de Rabbé, se señalan a seis diputados más que integraron la Junta Directiva que presidió el diputado. Su hermano Alfredo Rabbé, también exdiputado, está procesado por el mismo caso. Desde que se conoció sobre esta investigación que el Ministerio Público había iniciado Rabbé no quiso hablar del tema ante la prensa, incluso se ausentó durante semanas, tiempo en el cual no dejó de devengar su salario de funcionario.
Luis Rabbé es cercano al Grupo Albavisión, propiedad de su excuñado Ángel González, que fue señalado en el caso Cooptación del Estado de haber financiado con más de Q17 millones al Partido Patriota a cambio de millones de quetzales en contratos para los canales 3 y 7. Desde que se conoció sobre estas dos investigaciones del presente año, se ha intensificado una campaña de desprestigio contra los casos de corrupción que se llevan en los Tribunales.