Después de 33 días de audiencia de primera declaración de los sindicados por el caso Cooptación del Estado, este viernes el juez Miguel Ángel Gálvez finalizó la maratónica etapa. Desde el pasado 13 de junio más de 50 acusados expusieron sus argumentos ante el juzgado, pero al final la mayoría de ellos fueron ligados a proceso.
Se le ha denominado como una audiencia maratónica, e incluso hasta histórica, debido a que tardó más de un mes y medio en esta primera etapa, en la cual se envió a audiencia de fase de intermedia a los supuestos involucrados en una estructura criminal. La siguiente fase fue programada para noviembre próximo. Durante los siguientes tres meses el MP y la CICIG deberán investigar para aportar pruebas concretas ante el Juez y así se dilucidará si van o no a juicio los 53 procesados.
La sobrepoblación en el Juzgado de Mayor Riesgo B fue notoria en los primeros días, a causa de la cantidad de personas que permanecían en la sala, entre acusados, abogados y periodistas. Por esa razón la Corte Suprema de Justicia decidió trasladar dicha audiencia a un espacio más amplio, en este caso a la Sala de Vistas.
Miguel Ángel Gálvez llegó a tener sobrecarga en su trabajo, por ello, el pleno de magistrados creó un nuevo juzgado, encabezado por la jueza Ericka Caifán, para que conociera los casos que el juez de alto impacto tuvo que mantener en suspenso. Los miles de documentos, audios y correos que debió revisar el juez, más los alegatos de los juristas, que en ocasiones han duraron más de dos horas, y las prolongadas (pero explicativas) resoluciones; hicieron que la audiencia se prolongara por semanas.
Expertos consultados por esta revista consideran que si se ha llevado más del mes para poder concluir la audiencia de primera declaración, no dudan que la etapa intermedia y las posibles sentencias, ya sean absolutorias o condenatorias, también se alarguen.
Ernesto Archila, analista independiente en temas de justicia, resalta que la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado, ha sido histórica, y comenta que en el Código Procesal Penal no se contemplan cuestiones de tiempo.
Por su parte, Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que en este caso hay que considerar el número de implicados que están siendo procesados, y que están ventilando su situación jurídica, aunado a ello, que solamente se tienen tres jueces de alto impacto (esta semana se adicionó uno más).
Asimismo, no se descarta que por la magnitud de las investigaciones vayan saliendo más casos y con ello más imputados, de los cuales hasta el momento se han visto involucrados exfuncionarios y empresarios de gran peso.
Archila comenta que estos procesos que tienen que ver con delitos de cuello blanco, en general, y no solo en Guatemala, llevan mucho tiempo, porque los reos tienen disponibilidad de recursos que pueden utilizar para impugnar.
Esto lo respalda Acuña, al resaltar que los medios de impugnación que se tienen disponibles se puede aplicar discrecionalmente sin estar fundamentados, debido a que el amparo se puede presentar en cualquier momento de la defensa y si no procede, se pagan Q1 mil.
Ante estas disyuntivas no es descabellado que los casos de corrupción que se han presentado se alarguen, al menos, el de Cooptación del Estado, por los extensos alegatos que se tuvieron de parte de la defensa y los fiscales del Ministerio Público, así como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.