El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), llevaron a cabo un operativo como seguimiento a las investigaciones en el caso denominado “Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos”.
Las mismas tenían como objetivo la búsqueda de indicios en teléfonos móviles y computadoras.
El pasado 14 de mayo se retomó la audiencia de primera declaración de los abogados Francisco García Gudiel y William Darío Molina Ruiz, quienes están vinculados a la investigación por el supuesto lavado de más de Q59 millones, entregados por el exdiputado José Guillermo Samayoa Soria, en el caso Construcción y Corrupción Fase I y que según las pesquisas se habrían obtenido de manera ilícita.
Durante la diligencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán dos abogados de la defensa de García Gudiel y Molina Ruiz, debieron presentar la renuncia ante la judicatura, ya que togada advirtió que ambos han fungido como defensa de Samayoa Soria dentro de la misma carpeta judicial.
El caso
El caso “Asesoría legal: Operación de lavado de activos” fue revelado por la FECI el pasado 9 de abril.
En este figuran como señalados el abogado Francisco García Gudiel y William Molina Ruiz. Este último de nacionalidad colombiana. Ambos fueron detenidos ese mismo día tras una serie de allanamientos en distintos puntos del país.
Las investigaciones del MP revelaron que a estas personas se les atribuye acciones de lavado de dinero, ocurridas durante el 2017. Supuestamente ocultaron Q59 millones que eran propiedad de personas implicadas en el caso Construcción y Corrupción, fase 1.
El exdiputado y empresario constructor, José Guillermo Samayoa Soria, implicado en ese expediente, buscó asesoría de García Gudiel. De igual forma, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
A estas personas se les sindicaba de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. La FECI determinó que García Gudiel y Molina Ruiz habrían creado una estrategia para ocultar la ruta de fondos propiedad de Samayoa Soria, que estarían vinculados con actos irregulares.