El combate al crimen organizado que coordinan el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han permitido incautar 13.4 millones de dólares (unos Q100.6 millones). El dinero adquirido se destinará a Justicia y Seguridad.
El año pasado el dinero incautado ascendió a 5.6 millones de dólares y en lo que va del año se ha confiscado 7,8 millones de dólares. La mayoría en operaciones contra presuntas estructuras criminales. Uno de los casos relevantes fue a Salvador Estuardo González Álvarez, uno de los sindicados en el caso de corrupción denominado “La Línea”, a quien se le decomisó 2.4 millones de quetzales.
La Ley de Extinción de Dominio indica cómo se distribuyen los recursos y en la mayor parte está dedicada a las instituciones que combaten el crimen organizado. Un 20 por ciento se destina para cubrir los gastos de las Unidades de Métodos Especiales de Investigación, es decir fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas; otro 20 por ciento serán para los programas de protección de testigos, el cumplimiento de la referida ley y la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos, narcoactividad y delincuencia organizada.
Un 18 por ciento se utiliza en el Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC). Un 15 por ciento adicional pasa a los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) con destino exclusivo para cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su venta.
Un 25 por ciento se destina a fondos privativos del Organismo Judicial (OJ), mientras que un 2 por ciento para la Procuraduría General de la Nación (PGN).