El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, solicitó asilo político a Colombia intentando evadir una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el caso de corrupción denominado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
De acuerdo con información de Emisoras Unidas, las autoridades colombianas negaron esta protección. El oficio fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien ya notificó al Ministerio Público que Valladares Urruela solicitó de forma verbal esa medida, pero la misma había sido rechazada.
Piden información
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó el pasado miércoles a la Cancillería guatemalteca que preguntara a la embajada de Colombia por qué el exfuncionario se encuentra en la casa del embajador.
Un día después de que Valladares Urruela perdiera su inmunidad se presentó ante el juzgado para indicar que permanecería en el país y se ponía disposición de las autoridades. Sin embargo, en ese momento no existía orden de captura en su contra. La orden se giró el 16 de enero y no fue encontrado en las direcciones que había entregado a la judicatura.
La FECI pidió apoyo a la Interpol para su localización en el extranjero.
El caso
El 5 de agosto de 2019, la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer sobre una red integrada por Gustavo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012, el expresidente Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Insttituo Guatemalteco de Seguridad Social, Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía, y el empresario José Maynor Palacios Guerra.
Este grupo tenía como objetivo apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente.
Según el MP y la CICIG, Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir, entre el último año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y el primero del Partido Patriota.
Los indicios relacionan a Acisclo Valladares en actividades de blanqueo debido a que manejó las acciones de tres sociedades Off Shore con sede en Panamá, las que, de acuerdo a los documentos de la Fiscalía, recibieron recursos ilícitos relacionados a Gustavo Alejos, que a su vez recibió sobornos del empresario constructor Palacios Guerra.
La información proporcionada por la FECI explica que cada una de las Off Shore era propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita.
Primera solicitud de antejuicio
El 7 de mayo de 2019, la FECI y CICIG presentaron una solicitud de retiro de inmunidad en contra del ministro Valladares Urruela y siete diputados de la pasada Legislatura por el caso TIGO.
De acuerdo con la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien, mediante promesas de dinero, habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.
Uno de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos. Según las pesquisas, en los pagos habría intervenido Valladares Urruela, quien en ese entones fungía como directivo de la Fundación de la compañía telefónica.