Exdiputado Julio César López Villatoro es ligado a proceso penal en caso Financiamiento UNE

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El exdiputado Julio César López Villatoro fue ligado a proceso penal por la jueza Claudette Domínguez, encargada del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, por el caso Financiamiento Ilícito de la UNE.

La togada resolvió que López Villatoro deberá enfrentar la justicia por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, sin tomar en cuenta la inconstitucionalidad presentada por López Villatoro, quien argumenta que ese delito no podía aplicarse en su caso, ya que los hechos habrían ocurrido en 2015, previo a la modificación del artículo 407 N del Código Penal.

La jueza Domínguez indicó que no se tomó en cuenta la acción presentada por Julio César López Villatoro, ya que existían los indicios suficientes que demuestra la participación del exdiputado en los hechos.

El caso

El pasado 14 de mayo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sindicó a López Villatoro de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por no reportar más de Q250 mil que la agrupación política habría recibido para la campaña electoral del 2015.

En este contexto, el exdiputado recibió un total de Q250 mil por medio de 5 cheques de Q50 mil cada uno por parte de la entidad Maariv, S.A., los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la Fiscalía.

Plazas Fantasma

El pasado 21 de mayo, el excongresista fue ligado a proceso penal por abuso de autoridad y peculado por sustracción en el caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República.

La jueza Domínguez recordó que en el 2015 López Villatoro solicitó la contratación de tres personas a las cuales tenía derecho, pero se aprovechó del cargo y gestionó y propuso la contratación de 12 personas más.

“En ningún momento justificó que dicho personal fuera estrictamente necesario. Entre los contratados había salarios de Q4 mil, Q5 mil, Q7 mil Q10 mil y Q12 mil”, dijo la togada.

López Villatoro como integrante de la junta directiva del Congreso, requirió que las contrataciones se hicieran con fecha de toma de posesión retroactiva y esto surtiría efecto en el pago de salarios, lo que está fuera de ley.

Domínguez señaló que “como era posible que le efectuaran un pago a una persona durante 25 días, si nunca había llegado a trabajar”.

Algunas de las persona firmaron contrato el 16 de marzo del 2015, pero la toma de posesión indica el 15 de enero de ese año. “Ya estaban devengando salario y no habían entrado a trabajar”, resaltó la jueza.


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