La Fiscalía del Sur de Florida presentó este miércoles cargos de lavado de dinero en contra del exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
A través de un boletín, la fiscalía acusa al exfuncionario de lavar US$10 millones de ganancias de tráfico de drogas entre otras actividades ilícitas. Asimismo, lo señala de pagar sobornos a políticos guatemaltecos.
Según la justicia estadounidense, Valladares Urruela estaba asociado a un narcotraficante de alto perfil y recibió ayuda de un empleado de un banco del sistema para hacer los movimientos monetarios que incluye traslados de dinero fuera del país. Algunas sumas de dinero fueron depositadas en bancos de Estados Unidos. Las actividades ilícitas se realizaron entre 2014 y 2018.
La acusación formal fue presentada por: Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida; Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a Cargo del FBI de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington y Kevin W. Carter, Agente especial de la DEA, a cargo de la División de Campo de Miami.
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La acusación
“Los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucró, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de transacciones espejo que no dejaron rastros de papel, que permitió oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legítimas», indica el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además, señala que la conspiración de lavado de dinero en la que habría participado Urruela duró del año 2014 al 2018. Según el documento, cada involucrado obtuvo su parte. «Valladares Urruela recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines llenos de efectivo sucio e imposible de rastrear», detalla el comunicado.
Parte del dinero del supuesto plan de Valladares, señala la denuncia, pasó por cuentas bancarias de Estados Unidos y al menos dos empresas de Miami habrían ayudado a los conspiradores a trasladar el dinero a Sudamérica.
En el comunicado se puede observar que la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan indica que “este caso demuestra los desafortunados vínculos que a veces existen en los países de América Central y del Sur entre narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos«.
El caso forma parte de la Operación «Black Mass«, que es el resultado de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de Drogas, una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales.