El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) afirma que el nuevo presidente guatemalteco Jimmy Morales encontrará un país con macroeconomía estable, pero severamente golpeado por un aumento de la pobreza. Advierte que estabilizar las finanzas públicas es un desafío enorme, y que para ello primero debe sortear un contexto político adverso.
La primera perspectiva abordada en el análisis del Icefi corresponde a las condiciones macroeconómicas previstas para Guatemala en 2016, la cuales serán favorables. Las estimaciones del Banco de Guatemala apuntan a un crecimiento económico entre 3.1 y 3.9%, gracias al dinamismo en sectores de la economía doméstica. Dentro de los factores externos que pueden resultar beneficiosos, el Icefi destacó la reducción del desempleo en los Estados Unidos de América, con su consecuente efecto positivo en la exportación de productos y el flujo de remesas familiares.
La segunda perspectiva plantea como desafíos enfrentar la desigualdad, la discriminación y la debilidad del Estado, principales factores que explican por qué aumentó la pobreza y se incumplieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para el Icefi, la macroeconomía favorable debe traducirse en reducción de la pobreza. La generación de empleo sin duda es una solución, pero enfrenta el reto de abandonar el esquema obsoleto de los privilegios fiscales, sustituyéndolo por uno nuevo paradigma basado en el fortalecimiento de la provisión de bienes públicos, recuperar la cobertura del sistema educativo (que en 2013 excluyó por lo menos a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes), y de los servicios públicos de salud. Sin estos resultados en gasto social prioritario, el crecimiento económico es solo un espejismo, pues el país no está avanzando por una senda de desarrollo que garantice la democracia.
La tercera perspectiva es el desafío por resolver la crisis financiera. En años recientes el gasto público se ha reducido (al pasar en promedio de 14% del PIB a 12.9% del PIB en el presupuesto de 2015, el nivel más bajo de los últimos 17 años), debido a fuertes recortes en los programas sociales y en la prestación de servicios públicos vinculados al bienestar inmediato de la población.
Para el Icefi, la recuperación de la SAT, todavía en una gravísima crisis institucional después del escándalo de corrupción del caso «La línea», debe ser una de las principales prioridades en materia fiscal. En campaña, el entonces candidato presidencial expresó su esperanza de recuperar los recursos perdidos por la corrupción, pero a la fecha no se ha presentado ningún plan concreto para ese fin. Como una complicación adicional, el nuevo gobierno deberá dedicar parte de sus exiguos ingresos en 2016 para pagar deudas de arrastre heredadas de ejercicios fiscales anteriores.
La cuarta perspectiva analizada por el Icefi es el contexto político. Para lograr estabilizar las cuentas fiscales, el Instituto sostiene que el nuevo gobierno está obligado a acudir al Congreso para corregir el presupuesto de 2016 y solicitar recursos adicionales, un foco de debilidad política ya que el partido oficial no cuenta con una bancada legislativa fuerte (solamente de 11 de 158 escaños), por lo que estas gestiones deberá realizarlas ante un Organismo Legislativo dominado por la oposición política. Presiones políticas de grupos de interés y gremiales que le apoyaron en la campaña electoral agravan el panorama, ya que seguramente deberá lidiar con el dilema de apoyar políticas controversiales como la aplicación de salarios diferenciados y la puja por ampliar los privilegios fiscales.
El Icefi concluyó con que si el nuevo gobierno quiere alcanzar el mejor escenario posible, no se necesita únicamente del crecimiento económico sostenido, sino también una gestión presidencial que logre resolver la grave crisis fiscal, sortee enormes desafíos políticos y se aleje de grupos de presión como los beneficiarios de privilegios fiscales.