En la época de los gobiernos militares se hablaba en voz baja sobre corrupción, pero todo el mundo recuerda los abusos financieros que se dieron en casos como los de Celgusa, Chixoy y el famoso Anillo Periférico Nacional, que costó cientos de millones y ni siquiera se principió a construir.
Con la famosa era democrática mejoramos en algunos aspectos —principalmente los relacionados a las libertades y los derechos humanos—, pero en materia de corrupción, la situación se desbocó completamente, hasta alcanzar los niveles gigantescos que ahora salen a luz judicialmente, pero que vienen sucediendo desde hace tiempo.
Las famosas concesiones han sido una de las figuras favoritas para los negocios más grandes y rentables para funcionarios y empresas beneficiadas. Frecuencias de radio y televisión, bandas de telefonía, tramos carreteros, el ferrocarril, correos, y otras de menor resonancia pública, son los antecedentes de privilegios o regalos que antecedieron al caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que ahora sí ha escandalizado a la sociedad guatemalteca.
También han sido sinónimo de negocios fraguados con total opacidad en el Estado. Una figura que debiese abrir oportunidades se ha distorsionado, de tal manera que terminan siendo casi siempre un negocio que favorece en demasía a las empresas concesionarias y a los funcionarios, dejando para los usuarios o el país un beneficio poco relevante.
Las concesiones de frecuencias radioeléctricas se hacen en la sombra; en el caso de Ferrovías, la empresa que obtuvo la concesión del ferrocarril, se le entregaron derechos de paso y otros beneficios sin pagar nada y ni siquiera tenía que poner a trabajar ese servicio público como obligación. Con buen criterio, se le declaró lesivo para el país durante la administración de Oscar Berger, pero Guatemala perdió el arbitraje y, aunque recuperó los derechos, debe pagar una suma millonaria en dólares.
Las privatizaciones se llevaron a cabo de la misma manera, en medio de anomalías, opacidad y escándalos que; sin embargo, siempre fueron tolerados por sectores y la población, bajo el argumento de que al menos contamos con mejores servicios —telefonía, electricidad, líneas aéreas, correos, etcétera—, cuando la realidad es que se pudo haber obtenido lo mismo, o más y mejor, haciendo las cosas de manera transparente y con honestidad.
Para los que critican que necesitemos de la CICIG para luchar contra la corrupción y la impunidad, es importante ver estos ejemplos, porque con un organismo eficiente como esta Comisión, aquellos híper negocios no se hubieran realizado, no al menos en la forma descarada y oportunista en la que se llevaron a cabo.
La buena noticia es que, hoy en día; aunque sea por temor, la corrupción disminuirá; sin embargo, no hay que confiarse, porque siempre hay quienes están dispuestos a correr riesgos, cuando de buscar un pronto enriquecimiento se trata.
El escándalo de TCQ, visto a la distancia, confirma que la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tenía una agenda predeterminada desde antes de asumir el poder. La llamada clase política, de la que ellos formaban parte, tenía definida una hoja de ruta de negocios más importante, lamentablemente, que cualquier Plan de Gobierno.
Entre concesiones, privatizaciones, sobrevaloraciones, plazas fantasmas, negocios dirigidos, las famosas ONG y fidecomisos encubridores, se han derramado miles de millones de dólares, que bien pudieron servir para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población en general, al tiempo que el país pudo colocarse en una mejor posición de competitividad.
El negocio de TCQ no puede iniciar operaciones en el país por dignidad, pero también, para sentar un precedente a nivel nacional e internacional, si los negocios se hacen con corrupción, ¡deben ser castigados! De lo contrario, esta vorágine que nos desangra en recursos continuará.
Decir que se asusta a la inversión extranjera con suspender a TCQ es falso. Se asusta aquella inversión que quiere privilegios y operar en la impunidad, no a la inversión sana que lo único que desea es certeza jurídica, respetar las leyes y así obtener beneficios económicos.
Casa de citas
José Mujica
Expresidente de Uruguay
La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea.
Cada vez se hace más evidente que las clases dominantes tienen como fin último el enriquecimiento, no la mejora del colectivo social.
Georges Bernanos
(1888-1948)
Novelista y dramaturgo francés
El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva, es que el fin justifica los medios.
Es penoso ver que, como sociedad, se justifican muchas veces los negocios corruptos que traen algún beneficio, obviando la forma en que se han realizado.
Cristina II
Reina de Suecia
La ambición suele hacer traidores.
Este es el caso de los funcionarios o políticos que se olvidan de su obligación de servir, a causa de su afán por el enriquecimiento corrupto.