En Honduras rige desde este jueves un polémico código penal que es rechazado por la oposición, que considera que blinda a los políticos de cargos de corrupción y narcotráfico, pues baja las penas para esos delitos.
El Congreso había dispuesto el 9 de mayo -por tercera vez y a pedido de organizaciones civiles- el aplazamiento por 45 días de la vigencia del nuevo código, plazo que se cumplió este jueves.
Una decena de organizaciones civiles habían pedido al Congreso a través de una «iniciativa ciudadana», la «no entrada en vigencia» de la norma, pues «vendrá a generar mayor impunidad para los delitos de cuello blanco».
La diputada Doris Gutiérrez, del opositor Partido Innovación y Unidad, dijo a la AFP que el nuevo código «no puede entrar en vigencia» porque «la Constitución establece que no se pueden aplicar nuevas penas en un estado de excepción», aludiendo al toque de queda por la pandemia de covid-19.
El gobierno de Honduras decretó el 15 de marzo un toque de queda nacional para obligar el confinamiento de población para contener la propagación del coronavirus.
Gutiérrez participó el miércoles en una sesión virtual del Congreso en la que participaron 67 de los 128 diputados que aprobó simbólicamente una resolución para derogar el nuevo código penal.
Con el nuevo código «se están autoblindando los diputados«, políticos y empresarios «que fueron acusados de corrupción y narcotráfico» porque se bajan las penas para esos delitos, señaló la legisladora.
Unos sesenta diputados fueron acusados o investigados por la fiscalía, con la ayuda de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH, ente creado por la Organización de Estados Americanos), acusó o investigó a unos 60 legisladores por desvío de fondos públicos a cuentas personales.
Con el nuevo código, los tribunales penales deben abandonar los casos, que antes pasarán antes a la jurisdicción civil.
Narcotráfico
Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández canceló el tratado de la MACCIH con el argumento de que los señalamientos públicos violaban la «presunción de inocencia» de los acusados.
Altos funcionarios del gobierno hondureño han sido vinculados con el narcotráfico, uno de ellos el exdiputado oficialista Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente.
«Tony» Hernández, quien fue juzgado en un tribunal de Nueva York, aguarda que se dicte sentencia en su contra, que podría llegar a cadena perpetua como «narcotraficante a gran escala».