No nos equivoquemos. Nuestra Constitución Política de 1985 fue promulgada con suficiente proyección a futuro e igualmente fue consensuada entre los tres principales estamentos ideológicos de entonces, así, sus enunciados permanecen actuales y consistentes y son motivo de orgullo nacional; por lo que no debe correrse el riesgo de reformarla apresuradamente en un momento tan convulso en el que priva la polarización oportunista y la desinformación. Tal acción podría derivar en un caos mayor; el reino de la corrupción podría ensancharse e intentar cambiar la historia de orden y justicia que pretendemos construir.
Es innegable que el sector justicia requiere de transformaciones integrales y que las comunidades indígenas, con sus mecanismos consuetudinarios de resolución de conflictos, prosiguen contribuyendo a la estabilidad social de aquellos territorios en donde el Ministerio Público y los Tribunales aún no tienen la posibilidad de acudir.
Por esto mismo hago un llamado a la sensatez de los guatemaltecos responsables, aquellos que entienden que no es prudente asumir decisiones de tal relevancia instigados por el miedo, los intereses mezquinos, ideológicos y raciales.
Por el contrario, es tiempo de hacer un alto para retomar nuestro camino para la reconstrucción de nuestra sociedad; para luego instaurar un diálogo respetuoso, SIN PREMURAS NI PRESIONES. Talvez, como resultado del mismo, no se produzcan más que reformas a las leyes ordinarias o de algún otro tipo…; pero que cualquiera cambio, por grande o pequeño que sea, provenga de la sana reflexión y la decencia de quienes realmente nos importa el bienestar de nuestra GUATEMALA UNIDA Y NO MAS DIVIDIDA.
Enrique de León Asturias
Diputado al Congreso de la República