Diga lo que diga el Gobierno, la compra de vacunas rusas se hizo por medio de un intermediario –ilegalmente– y no hay garantías para los guatemaltecos.
Gonzalo Marroquín Godoy
Como suele suceder, elPeladero del pasado domingo llegó cargado de noticias de impacto, casi todas vinculadas a corrupción en diferentes instituciones del Gobierno y el Congreso, por cierto, los dos bastiones de donde brotan todos los esfuerzos por controlar la justicia y mantener el marco de impunidad que existe hasta el momento.
La que más destacó –e impactó–, fue el destape sobre la forma anómala en que el Ministerio de Salud Pública compró millones de dosis de vacunas Sputnik V, utilizando a un intermediario, en vez de hacerlo –como marca la ley–, directamente con el fabricante ruso. Además, se firmó un contrato en el que el Estado de Guatemala no se protege, como sí lo hace el chispudo intermediario.
No hay que olvidar que Guatemala es uno de los tres países de Latinoamérica con menor índice de personas vacunadas o inmunizadas, lo que demuestra lo mal que nos ha ido con la prevención del covid-19. Desde el principio, fuimos de los últimos países de la región en ingresar al sistema Covax –el Congreso tardó en aprobar la Ley de Vacunación–, y hasta la fecha, son pocas las vacunas que hemos recibido.
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El que se haya buscado una vía diferente para hacerse de vacunas no se puede criticar, pero que se haya hecho de la manera en que se hizo, es simplemente patético e indignante. Veamos por qué la negociación con el INTERMEDIARIO, la empresa Human Vaccine –de reciente creación en Rusia y sin una página en internet–, es anómala, pero además, muy riesgosa para Guatemala:
- Lo más grave es haber utilizado intermediario, en vez de firmar directamente –como manda la Ley–, con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), se hizo con una sociedad de reciente fundación y sin un capital fuerte que la respalde. Guatemala arriesga US$79 millones, que se pagaron ¡anticipadamente!, a un proveedor sin ningún tipo de récord. ¿No es mucha irresponsabilidad?
- En el contrato, el proveedor –intermediario– se cubre las espaldas en varias cláusulas, mientras el Ministerio queda a merced de entregas que se pueden retrasar sin límites, bajo el pretexto de que el proveedor no pueda surtir las dosis requeridas. La responsabilidad del intermediario se limita a US$ 100 mil, con un contrato de US$ 79 millones.
Viendo todo lo que se ha publicado sobre el contrato, pareciera que lo redactó un lobo –el ruso Alexander Chistyakiv– y lo acepta un niño de teta –La ministra Amelia Flores–. Es vergonzoso, la verdad, por más que hayan salido en su defensa un montón de –¿desinteresados?– caballeros, dispuestos a partir sus lanzas para aplaudir la compra. En este caso, por el efecto que puede tener un fiasco gigantesco con la vacuna rusa, quisiera estar equivocado y ver que en menos de un mes tenemos un millón o dos de Sputniks por aquí, salvando así cientos o miles de vidas.
A la prensa independiente le llama la atención este tipo de negocios, porque no es comprensible que se salten las trancas para hacer la compra y no se cuiden las espaldas. Brincan dudas por todos lados. Hasta un aprendiz hubiera rechazado pagar todos esos millones por adelantado, sin una garantía plena. Hay mucha tela que cortar.
Por ahora, basta decir que el Gobierno –el presidente Giammattei y la ministra Flores–, deben estar cruzando los dedos para que el intermediario ruso no les deje pitando en la loma. Nosotros, el pueblo, pues esperamos que los rusos no se aprovechen de ese contrato tan desgraciado. Finalmente, que la próxima, no se caiga de manera tan ligera y con tantas anomalías. A ver qué dice el MP…