El presidente Giammattei cumple su promesa de imponer Estado de Prevención
El estado de prevención es una herramienta represiva creada bajo un gobierno militar de facto, con el fin de controlar a la población, limitando derechos.
Gonzalo Marroquín Godoy
Veamos primero si hay suficientes argumentos como para que la ciudadanía proteste contra el presidente Alejandro Giammattei. Estos son hechos:
- La vacunación es un absoluto desastre. En Latinoamérica, solo Venezuela y Honduras lo hacen igual o peor. Se compraron vacunas rusas con un contrato que, más que torpe, parece redactado en contra de los intereses de Guatemala. Huele a negocio turbio, o torpeza absoluta.
- No hay política de contención para el COVID y se ha desatado una fuerte ola de contagios. El ministerio de Salud ha perdido el control y los hospitales están en caos. El Gobierno parece ajeno a lo que sucede, ¡está superado!
- El oficialismo –con Giammattei a la cabeza– impulsó una alianza oficialista que promueve impunidad, controlando las cortes, el TSE y el MP.
- No hay independencia de poderes. El Congreso y el Organismo Judicial están subordinados al poder Ejecutivo.
- Los actos de corrupción, derivados de contratos con el Gobierno, se denuncian constantemente sin que nada pase. Están dirigidos a beneficiar a diputados y funcionarios. Cero transparencia.
- Las instituciones del Estado funcionan como agencia de empleos de la clase política. Nepotismo y mediocridad en aumento.
Luego se podría hacer una lista interminable de pequeñas cosas malas, y alguna también, con apenas unos pocos aciertos.
Hay razones de sobra para manifestar –pacíficamente–, y reclamarle a un mandatario que no quiere escuchar, porque los efectos los sufre el pueblo, ese mismo pueblo del que cientos de miles tienen que salir del país por falta de oportunidades.
¿Y cuál es la respuesta del presidente?: Vamos a imponer el Estado de Prevención, porque ya no permitiremos más manifestaciones. El pretexto es el COVID, pero esta frase de Giammattei es contundente. No le importa el COVID, como ya hemos comprobado, lo que quiere es que no haya protestas.
Vivimos una era en la que las protestas populares están a la orden del día. ¡Hasta en Cuba!. Antes fueron Nicaragua, Colombia y Chile. La gente sale a la calle, cuando ya no soporta más a los gobernantes, a los políticos o al sistema bajo el que se vive.
El Estado de Prevención impuesto por el presidente, está contemplado en la Ley de Orden Público dictada en tiempos del Coronel Enrique Peralta Azurdia, una época en la que los militares lo utilizaban para combatir a la guerrilla.
Fue aprobado en consejo de ministros únicamente con el voto en contra del vicepresidente, Guillermo Castillo, quien se opuso y dijo que lo mejor era preocuparse por atender la crisis sanitaria.
Nada importó más que las protestas. El Estado de excepción no sirve para combatir el COVID. Es para reprimir a las personas. Se pueden militarizar servicios, disolver manifestaciones con la fuerza pública y hasta se amenaza a los medios de comunicación.
Los periodistas no debemos amedrentarnos, pues la Constitución le concede preeminencia al ejercicio de la libre expresión y debemos seguir denunciando lo que sucede: incapacidad, corrupción e impunidad. Aunque las amenazas vendrán.
No me cabe duda que el malestar va tanto en aumento, que solo es cuestión de tiempo para que Giammattei haga estallar a la población. La CC, que ahora controla, será puesta a prueba por esta medida absurda –tendrá que resolver impugnaciones al Estado de Prevención–, pero al seguir con el plan del llamado Pacto de Corruptos, se hará evidente la alineación y el desgaste subirá el tono de la voz del pueblo.
Estamos ante una bomba de tiempo. Lo absurdo, nunca lleva a nada bueno.