Gonzalo Marroquín Godoy
Para el año 2011 ya teníamos en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un amplio expediente de casos de acoso contra la prensa de parte del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien seguía muy de cerca los pasos de quien en un principio parecía su padrino, nada menos que Hugo Chávez, todo un experto en atacar a periodistas y medios críticos de su régimen dictatorial.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017, tenía actitudes autoritarias e intolerantes. Llegó a controlar los tres poderes del Estado –además de la Corte Constitucional y hasta la Defensoría del Pueblo– y se creía estar por encima del derecho que tienen todos los pueblos a recibir información. Nadie podía levantar la voz en su contra o, en caso contrario, debía atenerse a que cayera sobre él –periodista o medio– todo el peso de su poder.
El autoritarismo acaba por cansar a la ciudadanía. Los ecuatorianos entendieron –finalmente– que las dictaduras no son buenas.
Ese año se dieron dos casos paradigmáticos: el diario El Universo, uno de los más importantes del país, con sede en Guayaquil –la segunda ciudad de aquel país–, publicó un editorial sobre una revuelta policial que tuvo lugar, en el que se mencionaba que el gobernante había ordenado que se abriera fuego para sofocar la insurrección.
La indignación de Correa le llevó al extremo de demandar al diario nada menos que por US$80 millones de dólares, en un proceso extremadamente viciado, al extremo de haber comprobado el mismo Universo que la sentencia se redactó en la computadora de uno de los abogados de mandatario. Así de sucio fue el caso.
Por supuesto que la sentencia fue a favor de Correa, aunque el monto que se fijo fue de solo US$30 millones, los que de manera magnánima perdonó como una muestra de su autoridad y tolerancia.
Casi de manera simultánea la emprendió también contra dos periodistas de prestigio por la seriedad de sus investigaciones. Se trataba de los colegas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, en donde narraba –presentando pruebas documentales–, como las empresas de su hermano mayor, Fabricio Correa, se beneficiaron con cientos de millones de dólares en obras contratadas por el Gobierno. El libro, por cierto, es muy bueno.
Su respuesta fue la misma. Ambos periodistas fueron demandados por US$5 millones cada uno, para que se retractaran y retiraran el libro de la venta. En ambos casos, el Presidente apelaba a los jueces para que le retribuyeran el dinero por daños y perjuicios. Por supuesto ganó el caso, pero si no recuerdo mal, la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) impidió que se tuviera que cumplir con la pena.
Ese año realicé al menos dos viajes a Ecuador, uno a Guayaquil y otro a Quito, para conocer de primera mano sobre los hechos. Conocí personalmente Fabricio Correa y a muchos de sus funcionarios. El Presidente se negó a recibirnos. La prepotencia que suele dar el poder absoluto era evidente. Lo comprobé en la Corte Constitucional, con los diputados oficialistas, funcionarios y los medios oficialistas que repetían los ataques contra nosotros. Tuve el honor de que un programa semanal del propio Correa fuera dedicado a mi persona, con insultos, mentiras y calumnias, que mejor hubiera sido que las discutiéramos en persona, a lo cual él siempre se negó.
Una última. Correa no toleraba que el diario más importante, El Comercio, de la familia Mantilla, mantuviera una línea independiente y critica. Encontró el camino para controlarlo, al convencer a su amigo personal, el magnate mexicano de la televisión, Ángel González, que lo comprara. Ese Ángel González es el mismo que en Guatemala controla 4 canales de televisión y numerosas radios, siempre al servicio de los gobernantes de turno.
Atemorizando a la prensa u obligándola a vender, logró controlar gran parte de la información y así el pueblo no se enteraba a cabalidad lo que hacía o pretendía. Por eso se mantuvo diez años en el poder.
Su última jugada antes de abandonar el cargo el año pasado, fue que modificó la legislación para que se abriera un espacio a la reelección indefinida, con lo que pretendía volver algún día a la Presidencia. Pero ya sin el control mediático no pudo ganar y la mayoría de ecuatorianos le voltearon la espalda.
Aquí en Guatemala, otro aprendiz de dictador, Álvaro Arzú, actúa como los Correa, Fijimori, Chávez y Maduro. Cree que puede pasar sobre la cabeza de periodistas y medios. Todos estos señores piensan que la prensa está para servir a los gobernantes y se olvidan que existe para servir a los gobernados.