Gobernar es rectificar… Eso dijo Confucio hace más de dos mil años, y sigue siendo válido en las democracias modernas. Los gobernantes intolerantes se creen intocables…
Gonzalo Marroquín Godoy
En Chile, un movimiento ciudadano se desbordó en las calles y obligó al presidente Sebastián Piñera a tener que aceptar un referéndum, en el que el pueblo decidió que debe haber un proceso para tener nueva Constitución y derogar la actual, marcada por la línea de dictador Augusto Pinochet. El clamor popular está en camino de lograr su cometido.
En Guatemala tenemos un problema estructural serio. La Constitución de 1985 se redactó con el fin de fortalecer la democracia tras los gobiernos militares, pero creó un sistema político que, con el tiempo, ha privilegiado la corrupción y convertido al sistema de justicia en un manto para arropar la impunidad, mientras se debilita la institucionalidad del Estado.
Cada cuatro años vemos que el pueblo cansado, saca del poder al partido gobernante por medio del voto, pero el que llega resulta igual o peor. La danza de siglas, colores y gobernantes es variada, pero el fondo es el mismo: DC, MAS, PAN, FRG, Gana, UNE, PP, FCN-Nación y Vamos. Cambian actores, pero el fondo solo se modifica por el maquillaje de la personalidad del presidente.
Nos han engañado con supuestas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero esa clase política dominante se encarga siempre de ver que las modificaciones no tengan la profundidad suficiente como para llevar a cabo una la transformación estructural que el país necesita. Es así, que la bola de nieve de la corrupción y la impunidad sigue rodando y creciendo, sin que veamos que la democracia responda a las necesidades de la población.
Llegar a gobernar un país es un gran privilegio. Se pueden hacer cambios, influir positivamente en el futuro de una Nación o, por el contrario, llevarla al despeñadero. De todos los presidentes electos antes de Alejandro Giammattei –ocho entre 1985 y 2015–, seis han sido acusados por actos de corrupción, e incluso tres de ellos han pasado por la cárcel –Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez–, mientras que otros tres, por distintas razones, han evadido a la justicia –Jorge Serrano, Álvaro Arzú y Jimmy Morales (por ahora)–.
En el caso de Portillo, cabe destacar que la justicia guatemalteca –cooptada por el sistema político perverso–, le exoneró de los cargos que, a todas luces, le implicaban en actos de una corrupción masiva. Fueron los tribunales de Estados Unidos los que le condenaron a una pena de cuatro años por lavar dinero… ¡producto de corrupción!
En este momento, la situación es crítica. El Gobierno, el Congreso y el Organismo Judicial (OJ) –los tres poderes del Estado–, están cooptados por ese sistema de corrupción e impunidad. La ciudadanía manifiesta su inconformidad y hastío, pero al parecer, el presidente, la alianza oficialista del Congreso, y los magistrados alineados, no quieren escuchar el clamor popular.
Si no se produce pronto la salida de ciertos funcionarios y hay un cambio en la actitud de intolerancia, autoritarismo y opacidad, de los poderes del Estado, subirá el tono de las protestas.
En Chile, la gente en las calles impulsa un cambio de Constitución; en Perú, las protestas quitaron a un presidente impresentable nombrado por el Congreso. ¿Qué pasará aquí? La historia y los hechos son un llamado de atención. Lo que es claro, es que se necesita un cambio REAL. Giammattei puede ser uno más, o decidir ser distinto –aunque tiene poco tiempo y parece poco probable que suceda–, y convertirse en promotor de cambio. Nadie dijo que gobernar es fácil, pero las posibilidades de salir con la frente en alto, aumentan cuando se hacen las cosas correctamente.